El 12 de marzo de este año, durante la marcha de jubilados de los miércoles,frente al Congreso de la ciudad de Buenos Aires la cual se ha vuelto habitual en este último año de gestión , el fotógrafo Pablo Grillo sufrió un ataque grave que no solo  marcó un antes y un después en su vida  sino que abrió un capítulo en la agenda de la defensa del derecho a la libertad de prensa en manifestaciones sociales. Ese día, mientras Grillo se encontraba realizando su trabajo - sacando fotografías- en este caso específicamente  del operativo de Gendarmería, un gendarme identificado como Héctor Guerrero disparó hacia él una pistola lanza-gas lacrimógeno de manera intencional, horizontal y antirreglamentaria, artefacto brindado por el protocolo “anti piquete”, militado y propuesto por la ministra de seguridad Patricia Bullrich.

¿Qué es y en qué se basa esta normativa?

El denominado “Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación”, publicado oficialmente en diciembre de 2023 mediante la Resolución 943/2023 del Ministerio de Seguridad, es una normativa destinada a impedir y reprimir las protestas sociales que impliquen cortes de vías públicas, como rutas, autopistas y calles, bajo el argumento de que estas interrupciones reiteradas y frecuentes generan, según afirmó Bullrich, “una situación insoportable para la población” y alteran el orden público.La resolución también dispone que la intervención de las fuerzas de seguridad se podrá producir sin orden judicial al sostener que “se trata de un delito flagrante”.

El protocolo establece que las fuerzas de seguridad deben actuar para despejar las vías afectadas empleando “la mínima fuerza necesaria y suficiente”, priorizando el uso de armas no letales, con especial cuidado ante la presencia de niños, mujeres embarazadas y adultos mayores.

Entre las armas y herramientas contempladas para el accionar en estos operativos, se encuentran desde balas de goma hasta tasers eléctricos. Objetos que usados irresponsablemente y bajo ninguna  cautela, resultan abismalmente peligrosos.

 Bastó un disparo de proyectil calibre 38 mm que impactó directamente en la cabeza de Pablo, aproximadamente a 47 metros de la línea de las fuerzas de seguridad, para arrebatarle toda cotidianidad y transformar su vida , aparentemente de manera irreversible.

 La fuerza del impacto fue tal, que le provocó una fractura encéfalo craneal con pérdida de masa cerebral, heridas que pusieron seriamente en riesgo su vida y dejaron secuelas neurológicas y físicas de extrema gravedad, que por el momento, parecen irreversibles.

Pablo Grillo permaneció en terapia intensiva durante un tiempo prolongado, sumando más de 80 días en ese estado tras ser herido gravemente; a lo largo de estos meses atravesó numerosas complicaciones las cuales hicieron que volviera reiteradas veces a esta situación hospitalaria, a pesar de que inclusive en junio de este año fue trasladado a un centro de rehabilitación un par de días previos a regresar a terapia. En agosto de 2025, su familia informó que Pablo no estaba teniendo la evolución neurológica esperada y que su estado se mantenía en una meseta clínica.

 La agresión fue grabada y analizada en múltiples videos, que sirvieron para identificar al autor del disparo gracias a detalles como la inscripción "Picha" en su casco y su uniforme distinto del resto. La investigación y la querella señalan además que esta acción irresponsable no solo corresponde al gendarme que disparó, sino que también hay responsabilidad en la cadena de mando, desde la ministra de Seguridad Patricia Bullrich hasta altos mandos de Gendarmería que planificaron y supervisaron el operativo. El tiro al disparar se realizó no solo a propósito sino que también  violando los protocolos oficiales que indican que estas armas no deben dispararse en línea recta ni a la altura humana, sino con un ángulo inclinado para evitar daños letales, por lo que se considera un uso excesivo y letal de un arma "menos letal".

 Ante esta brutalidad, el caso no tardó mucho en hacerse conocido y generar revuelo rápidamente. Precisamente, uno de los actos más recientes fue el festival solidario “Justicia por Pablo” realizado este 18 de octubre de 2025 frente al Congreso, lugar justo donde Grillo fue herido. Este festival reunió música en vivo, exposiciones fotográficas e intervenciones artísticas, y contó con apoyo de asociaciones como SiPreBA y CELS. La convocatoria busca mantener viva la memoria del hecho y exigir respuestas concretas del Estado. Asimismo, quienes han mantenido un reclamo insistente e inquebrantable han sido los mismos allegados de Pablo, quienes no hay cesado en su lucha desde el primer momento, inclusive la madre de Pablo, María del Carmen Bucceroni, se tomó el tiempo de redactarle una carta a la jueza federal María Servini de Cubría quien está a cargo de la causa que investiga la agresión sufrida por su hijo. En ella,  María del Carmen no solo describe con dolor cómo el ataque cambió radicalmente la vida de Pablo y de toda la familia, sino que comenta que Pablo “ya no es él”, ya que no come, se olvidó de hacerlo y apenas puede hablar, y le pide encarecidamente, piedad “de madre a madre”, reiterando lo indefenso que se vio su hijo,quien lejos de tener algo con que defenderse, tan solo portaba una cámara de fotos al momento de vivenciar sus últimos momentos de normalidad,  que solo una acción bastó para cambiar drásticamente  el rumbo de su vida.

 En el Día de la Madre, Emiliano Grillo, hermano de Pablo, publicó una fotografía familiar con un mensaje cargado de emoción y firmeza, que logra conmover hasta al pecho con más cemento. Reflexionó sobre un "Día de la Madre diferente", marcado por la memoria del ataque y la lucha constante para visibilizar la situación. Recalcó que la familia no olvida ni perdona y exigió que no solo se castigue al agresor directo sino también a quienes dieron las órdenes y permitieron que este operativo sucediera. Este mensaje de unidad y resistencia es un llamado contundente a la verdad y a la justicia, en medio de una causa judicial que continúa su curso.

Aunque Héctor Guerrero fue procesado recientemente por lesiones gravísimas agravadas por  abuso de su función en carácter de miembro integrante de una fuerza de seguridad, sigue en funciones en Gendarmería, lo que ha generado críticas y denuncias sobre un sistema de impunidad. Organizaciones de derechos humanos,y  la misma sociedad civil siguen firme en la demanda de responsabilidades penales e institucionales, para que casos como este, no se repitan y para defender el ejercicio del periodismo libre y seguro.

Quién nos asegura que Pablo pueda volver a tomar una fotografía, quién puede sembrar esperanza en la mera posibilidad de alguna mejora, aunque sea leve. Quién nos asegura que no quede aún más limitado en sus movimientos con el paso del tiempo, o que se haga justicia y se cumpla la condena correspondiente.  

En lo que le queda de vida, quizá nunca vuelva a festejar el Día de la Madre con Carmen como solía hacerlo, o incluso nunca pueda abrazarla. Aunque estemos inmersos en reclamos sociales, cartas desesperadas e imploraciones de piedad, todo indica que ni el festival más escandaloso ni la protesta más fuerte podrán devolverle la libertad que le fue arrebatada brutalmente, con un mensaje de odio inconmensurable y la frialdad de un gobierno que no da respuestas claras. 

Quién golpeó a Pablo no fue una bala; fue el odio y el descontrol por querer erradicar todo lo que haga frente a lo impuesto, fue la necesidad de callar voces, testigos y visiones alternativas.