Una investigación internacional reveló la existencia de una presunta campaña de desinformación impulsada desde Rusia con impacto en Argentina. El informe se basa en 76 documentos internos filtrados y analizados por un consorcio periodístico internacional. Entre los medios participantes se encuentran organizaciones como openDemocracy y el sitio argentino Filtraleaks. Los archivos describen operaciones de influencia política en distintos países de América Latina y África. En el caso argentino, el objetivo habría sido desacreditar al gobierno de Javier Milei.

Según los documentos, una organización denominada “La Compañía” habría estado detrás de la operación. Este grupo es presentado como una estructura vinculada a redes de inteligencia rusa. La campaña se habría desarrollado entre junio y octubre de 2024. Durante ese período se planificó la publicación de contenidos críticos en medios digitales argentinos. El objetivo era influir en la opinión pública y amplificar tensiones políticas internas. También se buscaba afectar la imagen del gobierno en el plano regional. Los registros forman parte de un archivo de más de mil páginas analizado por periodistas.

El informe señala que se habrían financiado al menos 250 artículos en más de 20 medios digitales. El presupuesto estimado para estas publicaciones fue de aproximadamente 283.000 dólares. Los pagos por contenido habrían oscilado entre 350 y 3.100 dólares por pieza. Parte del material carecía de firma o utilizaba identidades falsas. En algunos casos, las imágenes de los supuestos autores provenían de bancos de fotos o eran generadas digitalmente. Los contenidos combinaban información real con datos manipulados o incompletos. La intención era generar desconfianza y profundizar la polarización política.

Además del financiamiento de contenidos, los documentos describen otras actividades en territorio argentino. Entre ellas se incluyen tareas de recopilación de información política y social. También se habrían realizado análisis sobre actores clave, como dirigentes, sindicatos y sectores económicos. El informe menciona intentos de influir en procesos electorales futuros. Incluso se habrían evaluado estrategias para apoyar a sectores opositores. Estas acciones formarían parte de una estrategia más amplia de influencia internacional. El caso argentino aparece dentro de un esquema que incluyó operaciones en otros países de la región.

El gobierno argentino confirmó que el tema está bajo investigación. Según fuentes oficiales, la Secretaría de Inteligencia habría detectado estas maniobras en 2025. El caso fue puesto en conocimiento de la Justicia para su análisis. Las autoridades indicaron que se identificó una posible red de ciudadanos rusos con contactos locales. También se mencionó la existencia de financiamiento externo para estas actividades. Sin embargo, no se difundieron pruebas concluyentes de responsabilidad estatal directa. La investigación continúa en curso en el ámbito judicial.

Desde la embajada de Rusia en Buenos Aires rechazaron las acusaciones. En un comunicado, calificaron el informe como infundado y motivado por razones ideológicas. También señalaron que no existen pruebas que respalden las conclusiones difundidas. Por su parte, varios medios mencionados en la investigación negaron haber recibido pagos. Algunos afirmaron no conocer a los autores de los artículos publicados.