El Congreso argentino aprobó una reforma a la Ley de Glaciares impulsada por el gobierno de Milei, en una votación que obtuvo 137 votos a favor, 111 en contra y tres abstenciones. La norma modifica el régimen vigente desde 2010, que establecía presupuestos mínimos para la protección de glaciares y ambientes periglaciares. La ley original prohibía actividades como la minería, la explotación hidrocarburífera y la construcción de infraestructura en esas zonas, consideradas reservas estratégicas de agua dulce. El nuevo texto reduce ese alcance y redefine qué áreas deben ser protegidas. La reforma constituye uno de los cambios ambientales más relevantes del actual gobierno.

El principal cambio introducido es la redefinición de los criterios de protección. La nueva ley establece que solo quedarán protegidos los glaciares y zonas que cumplan una “función hídrica específica” o relevante. Esto implica que áreas periglaciares, antes incluidas automáticamente en la protección, pueden quedar excluidas. Además, se elimina el enfoque uniforme nacional que regía desde 2010. En su lugar, cada provincia tendrá la potestad de definir qué zonas proteger y cuáles habilitar para actividades productivas. Este cambio introduce criterios diferenciados según jurisdicción. También abre la posibilidad de evaluaciones caso por caso para proyectos extractivos.

La reforma apunta principalmente a habilitar el desarrollo de la actividad minera en zonas cercanas a glaciares. El gobierno sostiene que la normativa anterior bloqueaba inversiones estratégicas, especialmente en cobre, oro y plata. Según estimaciones oficiales y del sector, el cambio podría atraer inversiones por más de 30.000 millones de dólares en la próxima década. También se proyecta un fuerte incremento de exportaciones mineras hacia 2035. Empresas internacionales como Glencore, BHP y First Quantum ya analizan proyectos por unos 26.000 millones de dólares. El oficialismo plantea que esto posicionará a Argentina como proveedor clave de minerales críticos. La minería es considerada uno de los ejes centrales del modelo económico del gobierno.

Desde el punto de vista ambiental, la reforma generó un amplio rechazo. Organizaciones como Greenpeace y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales advirtieron que la medida debilita la protección del agua. Científicos y universidades señalaron riesgos para reservas hídricas de alta montaña. Argentina cuenta con cerca de 17.000 glaciares distribuidos en 12 provincias, que alimentan 36 cuencas hídricas. Estas reservas son clave para el consumo humano, la agricultura y los ecosistemas. Especialistas advierten que el cambio puede agravar problemas de escasez en regiones áridas. También alertan sobre impactos acumulativos en el contexto del cambio climático.

El proceso legislativo también fue cuestionado por la oposición. Legisladores y organizaciones denunciaron que el debate fue limitado y con escasa participación pública. Se indicó que solo una minoría de voces opositoras pudo intervenir en las audiencias. Durante la discusión hubo protestas sociales en rechazo al proyecto. Además, se anticipan posibles presentaciones judiciales contra la ley. Algunos sectores sostienen que la reforma podría vulnerar principios ambientales y constitucionales.

La modificación de la Ley de Glaciares, polémica y discutible, marca un cambio estructural en la política ambiental argentina. El modelo anterior priorizaba la protección uniforme de los recursos hídricos a nivel nacional. La nueva normativa introduce un esquema descentralizado y orientado al desarrollo productivo. La reforma abre una nueva etapa en la eterna discusión entre explotación económica y preservación ambiental.