El pasado 2 de abril se confirmó la fuga de Galvarino Apablaza Guerra en Argentina; la desaparición se produjo horas antes de que se ejecutara su extradición a Chile. La entrega había sido autorizada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El procedimiento estaba coordinado entre autoridades judiciales y fuerzas de seguridad. El traslado debía realizarse bajo custodia oficial hacia territorio chileno. Cuando los agentes acudieron al domicilio declarado, el imputado ya no se encontraba en el lugar.

Apablaza está acusado por la Justicia de Chile de participar en el asesinato del senador Jaime Guzmán. El crimen ocurrió el 1 de abril de 1991 en Santiago. Guzmán fue atacado a la salida de la Universidad Católica. Era senador y uno de los principales ideólogos del régimen institucional chileno posterior a la dictadura. La causa judicial lo señala como autor intelectual del atentado. El expediente fue instruido por tribunales chilenos y mantiene órdenes de captura vigentes.

El acusado integró el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, organización armada surgida durante la dictadura de Augusto Pinochet. Se le atribuyen responsabilidades en acciones armadas de alto impacto político. Tras los hechos, salió de Chile y se instaló en Argentina en la década de 1990. En 2010 obtuvo el estatus de refugiado político otorgado por la Comisión Nacional para los Refugiados. Esa condición impidió durante años la ejecución del pedido de extradición. El Estado chileno mantuvo vigente el reclamo judicial de manera sostenida.

En 2023, la Corte Suprema argentina dejó sin efecto la condición de refugiado. El máximo tribunal consideró que no existían impedimentos legales para avanzar con la extradición. La decisión se basó en tratados internacionales de cooperación judicial vigentes entre ambos países. A partir de ese fallo, el proceso quedó habilitado para su ejecución. Las instancias de revisión judicial fueron agotadas sin modificaciones del criterio. La resolución dejó firme la obligación de entrega a las autoridades chilenas.

No se precisó si el acusado contaba con vigilancia permanente en su domicilio. Tampoco se informó el nivel de custodia asignado en las horas previas al traslado. El Ministerio de Seguridad de la Nación inició una investigación administrativa interna. Se busca determinar eventuales fallas en los protocolos de control. También se analiza la posible asistencia de terceros para concretar la evasión.

Tras la fuga, se activaron mecanismos de búsqueda a nivel nacional. Intervienen fuerzas federales y organismos de seguridad. Se evalúa la emisión de alertas internacionales para localizar al prófugo. La cooperación judicial incluye el intercambio de información con autoridades extranjeras. El gobierno de Argentina informó que mantiene comunicación con autoridades chilenas. Desde Chile se solicitó información oficial sobre las circunstancias de la fuga. El caso es monitoreado por organismos diplomáticos de ambos países.

En el plano judicial, la causa en Argentina quedó radicada en los tribunales federales con competencia en extradiciones. La orden de detención tenía como objetivo asegurar la entrega efectiva del imputado a las autoridades de Chile. Intervienen juzgados federales, el Ministerio de Seguridad y fuerzas como la Policía Federal Argentina. También se dio aviso a organismos internacionales para ampliar el alcance de la búsqueda. Entre ellos se encuentra Interpol, que puede emitir alertas rojas para captura internacional. Estas medidas buscan evitar que el prófugo se desplace fuera del circuito de control regional.