Este miércoles la ciudad de  Buenos Aires fue escenario de dos grandes manifestaciones que reflejan el malestar de distintos colectivos vulnerables ante lo que consideran incumplimientos por parte del Estado.

En los alrededores del Congreso de la Nación Argentina, jubilados y pensionados protagonizaron una nueva marcha, en la que denunciaron la pérdida de poder adquisitivo y reclamaron la mejora de la jubilación mínima, cobertura médica plena y obras sociales accesibles. Durante este reclamo, las fuerzas policiales implementaron el protocolo antipiquetes: se desplegaron vallas, desvíos y cordones de seguridad, lo que derivó en empujones y tensión con los manifestantes. Un hombre mayor fue empujado, cayó al suelo y generó indignación entre quienes participaban de la movilización.

Al mismo tiempo, el colectivo de personas con discapacidad, convocó a un cese de actividades y una marcha que partió desde la Plaza del Congreso hacia el Ministerio de Salud para exigir el cumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Esta norma, aprobada por el Congreso, busca declarar la emergencia del sector, asegurar presupuestos, actualizaciones automáticas de aranceles a prestadores y estabilidad para tratamientos especializados. Sin embargo, según los manifestantes, aunque fue sancionada, su implementación está frenada por falta de reglamentación y financiamiento oficial. En su convocatoria, las organizaciones señalaron: “Ante la falta de avances y el deterioro en las condiciones de atención, acompañamiento y financiamiento, entendemos que ya no podemos esperar más”.

Los reclamos señalan que apenas el 20 % de las personas con discapacidad reciben una pensión, que muchos centros de día, hogares e instituciones especializadas están al borde del cierre, que los prestadores acumulan deudas y que los tratamientos de rehabilitación se demoran. Durante la marcha, se vivió un fuerte operativo policial alrededor del Ministerio de Salud y la ANDIS, con presencia de fuerzas de seguridad que controlaron la calle 9 de Julio y sus accesos, lo que generó empujones y momentos de tensión.

Ambas manifestaciones comparten el trasfondo de un contexto de ajuste fiscal del gobierno del Javier Milei, cuya política presupuestaria y de control del gasto público es cuestionada por diversos sectores sociales que sostienen que los recortes afectan a los colectivos más vulnerables. En el caso de la Ley de Emergencia en Discapacidad, aunque el Senado ya revocó el veto presidencial y la norma quedó firme, el poder Ejecutivo condicionó su aplicación hasta que se defina una fuente de financiamiento. Por su parte, los jubilados advierten que sus haberes no siguen el ritmo de la inflación, lo que disminuye su capacidad de acceso a medicamentos, servicios y tratamientos.