El Congreso sancionó apenas 13 normas durante sesiones extraordinarias, frente a 11 en el período ordinario sin iniciativas presidenciales. Entre los logros destacados, el oficialismo impulsó el Presupuesto 2026 con déficit cero —un hito para la disciplina fiscal mileísta—, aunque no logró derogar la emergencia en discapacidad ni el financiamiento universitario automático. La Ley de Inocencia Fiscal, que blinda los ahorros en dólares de los contribuyentes, se convirtió en otra victoria simbólica, formalizando una demanda popular en un contexto de alta inflación y dolarización informal. Además, la designación en la Auditoría General de la Nación representó un triunfo sobre aliados como la UCR y Pro, consolidando así más control institucional.

Entre las leyes aprobadas en 2025 se destaca la declaración de emergencia en Bahía Blanca por 180 días debido a las inundaciones de marzo; dos aumentos para el pago de jubilaciones; la declaración de emergencia en discapacidad hasta 2026/2027 para garantizar derechos de ese colectivo; la modificación a la normativa sobre aportes del Tesoro de la Nación a las provincias, para que los ATN participen de forma automática y diaria; la Ley de Financiamiento Universitario para asegurar la sustentabilidad de las universidades públicas; la emergencia en Salud Pediátrica por un año, para resolver la falta de insumos y equipamiento, mejorar condiciones laborales y fortalecer hospitales clave como el Garrahan; y la Ley Nicolás, que busca asegurar una atención médica de calidad en todos sus sentidos.

Esta escasez de leyes contrasta con legislaturas previas, posicionando a 2025 como uno de los años menos productivos en la última década. El enfoque del Gobierno priorizó "más poder" sobre volumen normativo, y eso se vio claro en el nuevo Congreso: La Libertad Avanza pasó de 37 a 95 diputados y de 6 a 21 senadores tras las elecciones, lo que le permitió negociar desde una posición dominante. En un Congreso pintado de violeta, ¿cuántas posibilidades de operar tiene el resto?

Es una realidad también que la latente fragmentación opositora facilitó el avance oficialista. Unión por la Patria retuvo 93 diputados por pragmatismo, pero la UCR se achicó a 6 escaños, Provincias Unidas a 18 y Pro a 12, con el resto disperso en monobloques e izquierdas. Tensiones internas profundizaron la desarticulación, dejando al peronismo sin liderazgo unificado. Clarín reportó un año de "derrotas parlamentarias" para el oficialismo en etapas iniciales, pero el cierre mostró un giro hacia reformas para 2026. Un informe de Directorio Legislativo indicó que, de las 22 sesiones realizadas, la mitad fueron especiales, evidenciando la falta de acuerdos para una agenda parlamentaria común.

Hagamos nuestras apuestas para febrero: las pendientes clave incluyen reformas laborales, penales, la Ley de Glaciares y la "regla fiscal". Milei anunció prórroga de sesiones extraordinarias para impulsar una reforma tributaria simplificadora, endurecimiento del Código Penal contra la delincuencia y modernización laboral para fomentar empleo privado.

Este fortalecimiento llega en un contexto económico de  supuesta estabilización, con inflación en descenso por primera vez en años. Sin embargo, analistas advierten fragilidad: pese al triunfo, el oficialismo depende de alianzas dispersas y enfrenta resistencias sectoriales, como en universidades y discapacidad. La oposición busca reagruparse, pero su debilidad parlamentaria quizá la limite. El modelo "pocas leyes, más poder" refleja la estrategia libertaria: menos Estado interventor —como prometió Milei desde el inicio—, más ejecución ejecutiva vía decretos y presupuestos alineados. Para febrero, el éxito dependerá de la acción del bloque ampliado y la negociación. Si prosperan las reformas, Milei consolidaría su hegemonía; de lo contrario, resurgirían tensiones con gobernadores y sindicatos. En un Congreso bicameral, el 2026 marcará si el oficialismo traduce números en la transformación estructural de “la motosierra”.