El Tribunal Supremo de Israel dictó hoy una medida cautelar que impide temporalmente la expulsión de 37 organizaciones humanitarias que operan en la Franja de Gaza y en Cisjordania. La decisión se tomó en respuesta a una petición presentada por 17 grupos de ayuda internacional, incluidos organismos que representan a más de 100 organizaciones, como parte de un recurso judicial contra nuevas regulaciones estatales. El fallo suspende la orden del gobierno de prohibir la actividad de estas ONG por no cumplir con los requisitos de registro y divulgación de datos del personal. La medida es temporal y estará vigente mientras la Corte Suprema examina el caso principal, sin fecha establecida para una resolución definitiva. Las ONG demandantes sostienen que las reglas de registro podrían poner en riesgo la seguridad de sus empleados palestinos y obstaculizar la asistencia humanitaria. El 1 de marzo estaba previsto que entrara en vigor la prohibición que ahora queda en suspenso.

La normativa que motivó la demanda fue aprobada por el gobierno en diciembre de 2025 y exige a las organizaciones que presenten nombres de empleados, información de contacto y detalles financieros antes de poder operar. Las autoridades israelíes han argumentado que la medida busca evitar que grupos armados se infiltren en las ONG y utilicen recursos o información para fines violentos. Según declaraciones oficiales, las 37 organizaciones sujetas a la orden representan menos del 1% de la ayuda total que ingresa al territorio según COGAT, el organismo militar que supervisa los asuntos civiles en Gaza. Más de 20 otras organizaciones ya cumplieron los requisitos y continuarán operando bajo las nuevas reglas hasta que se aclare el marco legal. La petición judicial fue promovida también por la Association of International Development Agencies (AIDA), que agrupa a los solicitantes frente a la Corte. Los demandantes plantean que, bajo el derecho internacional, una potencia ocupante debe garantizar el acceso de ayuda humanitaria sin restricciones.

Entre las organizaciones afectadas se encuentran Médicos Sin Fronteras (MSF) y el Norwegian Refugee Council, que habían anunciado previamente su intención de permanecer operativas en el enclave pese a la normativa. MSF publicó un comunicado hoy en el que señaló que la suspensión “no resuelve el fondo del caso” pero evita un deterioro inmediato de los servicios de salud básicos en Gaza. La ONG subrayó que Gaza aún enfrenta condiciones catastróficas, con necesidades críticas de atención médica, agua potable, alimentos y refugio debido al conflicto prolongado. Las organizaciones han invertido colectivamente cientos de millones de dólares en programas de socorro desde que comenzó la guerra. Según MSF, la asistencia humanitaria es vital para la población civil de casi dos millones de personas. Los grupos también hacen referencia al Cuarto Convenio de Ginebra, que establece obligaciones para las autoridades ocupantes de facilitar ayuda.

Esta mañana, ataques aéreos israelíes mataron al menos cinco personas, incluidos cuatro miembros de la policía administrada por Hamas, según autoridades de Gaza y hospitales locales. Tres de los fallecidos murieron en un puesto de control en el sur de Gaza, cerca de Khan Younis, mientras que otro falleció en Bureij, de acuerdo con el Ministerio del Interior de Gaza. Un quinto hombre resultó muerto en una zona occidental de Khan Younis, dijeron funcionarios sanitarios. El ejército israelí informó que otro ataque en la ciudad de Rafah tuvo como objetivo a militantes, afirmando que fue en respuesta a una supuesta violación de la tregua. Los bombardeos han interrumpido repetidamente el acuerdo de alto el fuego alcanzado en octubre de 2025.

Las autoridades de Gaza han documentado que los ataques han afectado tanto a personal de seguridad como a civiles, aunque los informes oficiales regionales hacen hincapié en las muertes dentro de fuerzas policiales de Hamas. A pesar de que el alto el fuego negociado por Estados Unidos el año pasado detuvo las principales operaciones militares, las incursiones aéreas y los combates aislados han continuado. Las consecuencias del conflicto han dejado gran parte de la infraestructura de Gaza dañada y a la población en dificultades extremas. Las ONG han advertido que la interrupción de sus servicios habría profundizado aún más las penurias, de haberse aplicado la prohibición.

El gobierno israelí aún no ha emitido una declaración oficial sobre el fallo judicial, y los portavoces no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios sobre la decisión de suspender temporalmente la prohibición. Funcionarios del Ejecutivo han defendido previamente la normativa como una cuestión de seguridad nacional y de control sobre las operaciones de organizaciones extranjeras. La comunidad internacional, incluida la United Nations y la European Union, criticaron la orden de expulsión cuando fue anunciada, subrayando que podría agravar la crisis humanitaria.