Irán atraviesa desde fines de diciembre una nueva ola de protestas sociales que se extendieron rápidamente por gran parte del país. Las manifestaciones comenzaron como reclamos económicos y se intensificaron tras una fuerte caída del valor del rial iraní frente al dólar. El aumento de la inflación, que supera el 40 por ciento anual, impactó de lleno en el precio de alimentos, combustibles y servicios básicos. Comerciantes, trabajadores y sectores de la clase media urbana fueron los primeros en salir a las calles. Con el correr de los días, las protestas se expandieron a estudiantes y jóvenes en distintas ciudades. Las movilizaciones se convirtieron en las más importantes registradas desde 2022.

Según organizaciones de derechos humanos y fuentes oficiales, al menos 15 personas murieron durante la primera semana de protestas. También se registraron cientos de detenciones realizadas por las fuerzas de seguridad iraníes en distintos puntos del país. Los enfrentamientos incluyeron el uso de gases lacrimógenos, munición antidisturbios y arrestos masivos. Las autoridades restringieron el acceso a internet en varias provincias para limitar la circulación de información. Este tipo de medidas ya había sido aplicado en protestas anteriores. La falta de datos oficiales transparentes dificulta confirmar cifras definitivas de víctimas y detenidos.

El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jameneí, se refirió públicamente a las protestas y respaldó una respuesta firme del Estado. En un discurso, afirmó que quienes calificó como “alborotadores” debían ser “puestos en su lugar”. Al mismo tiempo, reconoció que existen reclamos económicos legítimos por parte de la población. Jameneí responsabilizó a actores extranjeros de fomentar el descontento social. Esta narrativa es habitual en el discurso oficial iraní frente a crisis internas. Las fuerzas de seguridad y la Guardia Revolucionaria intensificaron su presencia en las calles tras estas declaraciones.

El trasfondo económico es uno de los principales factores que explican la magnitud de las protestas. El rial iraní alcanzó mínimos históricos, reduciendo drásticamente el poder adquisitivo de los salarios. Las sanciones internacionales y el aislamiento financiero continúan afectando la economía del país. A esto se suman problemas estructurales como el desempleo juvenil y la corrupción. La escasez de energía y los cortes de servicios básicos profundizaron el malestar social. Para muchos manifestantes, la situación económica se volvió insostenible.

Las protestas actuales se comprenden dentro de un creciente descontento social acumulado en los últimos años. En 2022, Irán vivió una ola de manifestaciones masivas tras la muerte de Mahsa Amini bajo custodia policial. Aquellas protestas fueron reprimidas con dureza y dejaron cientos de muertos, según organizaciones internacionales. Aunque el detonante actual es económico, existe una continuidad en el rechazo a la gestión del régimen. Las protestas escuchadas en las calles combinan reclamos materiales con críticas políticas. 

Las manifestaciones han reunido críticas abiertas al liderazgo de la República Islámica en múltiples ciudades. Más allá de Teherán, protestas y enfrentamientos con fuerzas de seguridad se han producido en lugares como Shiraz, Mashhad, Isfahán, Karaj y Malekshahi, donde se reportaron enfrentamientos violentos y varios muertos según medios locales y grupos de derechos humanos. El descontento no se limita a sectores urbanos tradicionales. Estudiantes, comerciantes y ciudadanos de diferentes clases sociales han salido a las calles en al menos 60 ciudades de 25 provincias.

La Unión Europea y organismos de derechos humanos pidieron moderación a las fuerzas de seguridad. Estados Unidos expresó preocupación por el uso de la fuerza contra manifestantes. Sin embargo, no se anunciaron medidas diplomáticas inmediatas. El gobierno iraní mantiene su postura de no ceder ante la presión interna.