El pasado 6 de octubre el Senado estadounidense rechazó una propuesta republicana para financiar temporalmente el gobierno federal. La votación terminó con 52 votos a favor y 42 en contra, quedando por debajo de los 60 necesarios para avanzar. Este rechazo marcó el quinto intento fallido de los republicanos para poner fin al cierre parcial del gobierno, que ya había superado su sexta jornada. Solo un pequeño grupo de demócratas apoyó la resolución, mientras que un republicano, Rand Paul, votó en contra.

El principal motivo que habría llevado a los demócratas a rechazar categóricamente el financiamiento pareciera deberse a la ausencia de una extensión de los subsidios del Affordable Care Act (Obamacare), una demanda clave para el partido. Los mencionados poseen como objetivo principal ampliar el acceso a la salud y reducir el costo de la cobertura médica para los estadounidenses. Trump expresó que estaba dispuesto a negociar un acuerdo sobre atención médica, pero condicionó cualquier negociación a que los demócratas reabrieran primero el gobierno.

Por otra parte, en las ciudades de Portland, Chicago y Washington D.C han habido disturbios y disputas violentas que, según el líder político, las autoridades no están siendo capaces de controlar (Trump apuntó directamente contra los demócratas en este aspecto). De hecho, las dos primeras ciudades han bloqueado legalmente el despliegue de tropas federales. Estas disputas no solo denunciaban violencia policial y desigualdad social, sino que muchas de ellas también fueron ideológicas, de izquierda contra derecha.

En este contexto, el presidente argumentó que, si las autoridades locales o los tribunales bloquean medidas suyas que él considera necesarias para mantener el orden del gobierno, podría recurrir a la Ley de Insurrección de 1807 para federalizar la Guardia Nacional y garantizar la ejecución de sus órdenes. Esto no le confiere al presidente plenos poderes para gobernar ni decidir sobre las leyes promulgadas en el Congreso, pero si lo autorizan a desplegar fuerzas militares federales para suprimir rebeliones en estados donde las autoridades locales no pueden controlar la situación.

“Tenemos una Ley de Insurrección por una razón. Si tuviera que aplicarla, lo haría. Si la gente estuviera siendo asesinada y los tribunales nos estuvieran deteniendo, o los gobernadores o alcaldes nos estuvieran deteniendo, claro, lo haría. Quiero que la gente no sea asesinada. Tenemos que asegurarnos de que nuestras ciudades estén seguras”.

La aplicación de este recurso implicaría la patentación del mensaje que Trump ya ha emitido en otras ocasiones; que los demócratas no tienen el poder de traer una resolución democrática al creciente problema social. Implicaría su desacreditación como partido político competente para resolver conflictos por vías legales, y por ende le concedería un mayor poder político al presidente y al partido republicano.