El pasado 28 de octubre, Río de Janeiro se sumergió en una jornada de caos y violencia que culminó en la operación policial más letal de su historia. La incursión masiva, con más de 2.500 agentes desplegados en el Complexo do Alemão y Penha, buscaba desmantelar la cúpula del Comando Vermelho (CV), la organización criminal más antigua y poderosa de Brasil. Aunque el gobierno de Cláudio Castro justificó la acción como una respuesta necesaria al “narcoterrorismo”, el saldo oficial de al menos 130 muertos (entre ellos cuatro agentes) desató una oleada de críticas sobre la desproporcionalidad y la estrategia de seguridad pública.

Este elevado número de víctimas ha reavivado la dura polémica sobre la legalidad de los operativos. Organismos internacionales y civiles condenaron la acción. Human Rights Watch (HRW) la tachó de "desastre" y exigió a la Fiscalía de Río investigar la planificación y las circunstancias de cada muerte. La ONU, por su parte, se declaró horrorizada por los hechos, sumándose a la preocupación global de que la "mano dura" se traduzca en abusos sistemáticos contra los derechos humanos.

En respuesta a estas alarmas, la Fiscalía de Río de Janeiro ha abierto un procedimiento penal para investigar la conducta, las posibles violaciones de las disposiciones legales y las responsabilidades individuales de los policías involucrados. La Fiscalía, presionada por el historial de violencia policial en el estado, deberá verificar las múltiples denuncias vecinales, que sugieren que las víctimas presentaban signos de tortura y ejecución. El principal punto de conflicto es que, a diferencia de lo que dictan los protocolos legales, los propios familiares tuvieron que ingresar para buscar y trasladar los cuerpos a plazas públicas para su identificación, vulnerando la preservación de la escena del crimen.

La operación, planificada durante más de un año bajo el nombre "Contención", puso de relieve el poder logístico del Comando Vermelho. El grupo no solo respondió con armas pesadas, fusiles de asalto y explosivos lanzados desde drones, sino que también demostró su capacidad para paralizar la zona norte de la ciudad mediante el robo de autobuses y el bloqueo de arterias viales, forzando el cierre de comercios y servicios. Paradójicamente, a pesar del despliegue masivo y la letalidad récord, la acción no logró capturar al objetivo principal.

El líder en cuestión, Edgar Alves de Andrade, alias "Doca da Penha" o "Urso", continúa prófugo y es una figura central que explica la urgencia del operativo. Con más de 20 órdenes de detención pendientes, "Doca" es investigado por más de 100 homicidios, incluyendo la autoría intelectual del asesinato de tres médicos en Barra da Tijuca en 2023 (confundidos con milicianos) y casos de desaparición y tortura de menores. Su extenso prontuario, que le ha valido una recompensa de 100.000 reales subraya la necesidad de desarticular su red, pero también pone en evidencia la dificultad del Estado para alcanzar a la cúpula del CV sin causar una masacre.

La pregunta que la sociedad brasileña, y luego de la viralización de lo acontecido también la población mundial, se plantea es si el Estado brasileño puede gestionar el crimen organizado sin sucumbir a la barbarie. En la favela no solo viven criminales, sino también familias en situación de pobreza y extrema vulnerabilidad, que se ven fuertemente atacadas en situaciones delicadas como la que tuvo lugar ayer. Los disparos, los muertos en la calle, la desesperación colectiva pasarán a la historia luego de tan trágico desenlace.