El Congreso de la Nación convirtió en ley el Presupuesto General de la Administración Nacional para 2026. La votación en el Senado culminó con 46 votos a favor, 25 en contra y una abstención, consolidando la aprobación tras la media sanción obtenida en Diputados días atrás. Este presupuesto es el primero que se aprueba en el Congreso durante la gestión de Milei, quien asumió en diciembre de 2023 sin que hasta ahora se aprobara una ley de gastos nuevos. Durante sus primeros dos años de mandato, el Gobierno gobernó con prórrogas del Presupuesto de 2023.

El texto aprobado establece un plan de gastos totales de 148 billones de pesos argentinos y contempla proyecciones económicas optimistas para el próximo año. Según lo aprobado, el Producto Bruto Interno (PIB) podría crecer un 5 % en 2026, mientras que la inflación se proyecta en torno al 10,1 % anual. El tipo de cambio oficial estimado para diciembre del próximo año ronda los 1.400 pesos por dólar. Además, el presupuesto prevé un superávit primario equivalente al 1,2 % al 1,5 % del PIB, algo que el Gobierno destaca como un paso hacia el equilibrio fiscal. Organismos civiles y analistas advierten, sin embargo, que estas cifras oficiales pueden estar subestimadas frente a realidades económicas complejas.

Durante el debate parlamentario, la aprobación del presupuesto fue presentada por el oficialismo como un logro de gobernabilidad y responsabilidad fiscal. El presidente celebró el resultado en su cuenta de X, describiéndolo como un” hecho histórico” y una señal de confianza en el rumbo elegido por su administración. Para Milei y los legisladores de su coalición, el presupuesto representa un punto de partida hacia una Argentina con menor déficit y mayor previsibilidad económica. Patricia Bullrich señaló que la ley refleja “orden y crecimiento”. En contraste, sectores de la oposición criticaron la eliminación de pisos automáticos de financiamiento para educación y ciencia, y alertaron sobre posibles recortes futuros. Algunos legisladores opositores también cuestionaron que ciertos capítulos del presupuesto otorgan discrecionalidad excesiva al Ejecutivo.

El Presupuesto 2026 incluye aumentos en partidas clave para áreas como universidades nacionales, salud y jubilaciones, aunque con variaciones moderadas frente a la inflación histórica reciente. Por ejemplo, se asignan aproximadamente $4,8 billones a las universidades públicas, y se prevén incrementos en el gasto en salud y educación. La baja en las proyecciones inflacionarias oficiales también implica una expectativa de mejora del poder adquisitivo. No obstante, analistas independientes advierten que esas proyecciones dependerán de la evolución de la economía global y del financiamiento externo.

El Gobierno logró la aprobación del presupuesto con apoyos de partidos provinciales y aliados de centroderecha, superando resistencias internas y de sectores opositores. Este acuerdo político es visto como una señal favorable para los mercados y para las negociaciones con organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional. La aprobación también fortalece la posición de Milei para avanzar en otras reformas económicas clave en 2026. Sin embargo, la necesidad de negociar con bloques independientes y opositores sugiere que no todos los objetivos del oficialismo podrán implementarse sin consenso. Líderes sindicales y sociales ya anticipan movilizaciones si se intentan cambios que afecten derechos laborales. Las próximas semanas definirán si el Gobierno consolida su agenda reformista o enfrenta ampliadas tensiones políticas.

El Presupuesto 2026 entra en vigencia en pleno cierre de año legislativo y económico. Para el Ejecutivo, la ley no sólo es una herramienta de planificación financiera sino también un mensaje de estabilidad hacia inversores y ciudadanos. Críticos, en cambio, sostienen que las metas de inflación y crecimiento podrían ser demasiado optimistas.