A partir de enero de 2026, el Gobierno de Estados Unidos, bajo la administración del presidente Donald Trump, comenzará a embargar parte de los salarios de los prestatarios de préstamos estudiantiles que se encuentren en mora. La decisión fue confirmada por el Departamento de Educación, que informó que las primeras notificaciones se enviarán a comienzos de enero, con una ampliación progresiva del alcance de la medida. La política marca la reanudación de los cobros forzosos que habían sido suspendidos durante la pandemia de COVID-19. Durante ese período, los pagos y embargos quedaron en pausa como medida de alivio económico. Según el Gobierno, el objetivo es recuperar deudas impagas de préstamos federales. La administración sostiene que la medida busca reducir el costo que estas deudas representan para los contribuyentes.

La iniciativa afecta a los prestatarios que se encuentran en situación de “default”, definida como la falta de pago durante al menos 270 días consecutivos. De acuerdo con estimaciones oficiales, más de cinco millones de personas se encuentran actualmente en esa condición. Antes de aplicar el embargo, el Departamento de Educación debe notificar al deudor con al menos 30 días de anticipación. Ese plazo permite impugnar la deuda o acordar un plan alternativo de pago. El embargo salarial puede alcanzar hasta el 15 % del salario neto del trabajador. En una primera etapa, la medida se aplicará a un número reducido de casos, que luego se ampliará gradualmente.

Las autoridades explicaron que el Gobierno federal siempre tuvo la potestad legal de embargar salarios por deudas federales, aunque dejó de ejercerla durante la emergencia sanitaria. La suspensión comenzó en marzo de 2020 y fue prorrogada en varias oportunidades. Los cobros se restablecieron formalmente en 2023, con un período de gracia que finalizó en 2024. El fin de ese esquema generó un crecimiento en la cantidad de prestatarios en incumplimiento. Desde la administración aseguran que la reanudación de los embargos responde a la necesidad de reforzar la responsabilidad financiera. También afirman que se trata de una herramienta prevista por la ley vigente.

Desde el Gobierno, la secretaria de Educación defendió la medida como parte de una política de orden fiscal. Según la postura oficial, permitir que las deudas permanezcan impagas transfiere el costo al resto de los contribuyentes. La administración sostiene que el sistema de ayuda estudiantil debe ser sostenible a largo plazo. Asimismo, se informó que los prestatarios en mora pueden acceder a opciones como la rehabilitación del préstamo o la consolidación de la deuda. Estas alternativas permiten evitar el embargo si se gestionan dentro del plazo legal. Sin embargo, su aplicación depende de que los deudores actúen rápidamente tras recibir la notificación.

Organizaciones de defensa de los prestatarios criticaron la decisión y advirtieron que puede profundizar la vulnerabilidad económica de trabajadores con ingresos bajos. Señalan que la retención salarial reduce el ingreso disponible y puede afectar el consumo. También alertan sobre el impacto en familias que ya enfrentan altos costos de vida. En contraste, sectores conservadores respaldaron la política como una forma de imponer disciplina fiscal. Para estos grupos, el cobro de deudas es esencial para el funcionamiento del sistema educativo financiado por el Estado.

La reanudación de los embargos salariales por préstamos estudiantiles representa un cambio significativo en la política de cobros federales tras la pandemia. La medida comenzará de forma gradual, pero podría ampliarse de manera considerable en los próximos meses. Está respaldada por leyes existentes que autorizan al Estado a retener salarios por deudas federales. El impacto real dependerá del número de prestatarios alcanzados y de su capacidad para regularizar la deuda.