La megaminería metalífera a cielo abierto es una de las actividades extractivas más grandes del país. Se trata de un modelo basado en la explotación de grandes yacimientos de minerales de baja ley, es decir, zonas donde el metal de interés oro, cobre, plata está presente en cantidades muy pequeñas dentro de la roca. Por ejemplo, para obtener un gramo de oro es necesario procesar entre una y dos toneladas de material, lo que obliga a remover montañas completas mediante explosivos, trituración masiva y soluciones químicas.

El sistema funciona bajo un régimen minero provincial, ya que los recursos naturales pertenecen a cada provincia. Las empresas, en su mayoría multinacionales, cuentan con estabilidad fiscal por 30 años y pagan regalías que suelen rondar el 3%, una cifra criticada por su bajo aporte en relación al impacto territorial. Esto significa que, aun cuando se extraen minerales de alto valor internacional, la porción que efectivamente queda para el Estado y la sociedad es mínima. Comparado con otras actividades productivas, la megaminería genera pocos empleos directos y su contribución fiscal está muy por debajo de su magnitud ecológica, debilitando el argumento de que el sacrificio ambiental se compensa con beneficios económicos significativos.

Las operaciones se concentran en la Cordillera, especialmente en San Juan, Catamarca y Santa Cruz, mientras que provincias como Mendoza y Chubut mantienen restricciones o prohibiciones debido al rechazo social. La actividad se desarrolla en ecosistemas frágiles, zonas áridas y áreas glaciares fundamentales para el abastecimiento de agua. Es ahí donde surge el conflicto ambiental que atraviesa al país desde hace más de dos décadas.

El punto crítico es el uso intensivo de agua. Proyectos como Veladero demandan millones de litros por día en regiones donde el recurso es escaso y esencial para la vida de comunidades, cultivos y ganadería. A esto se suma el riesgo de contaminación química. La actividad utiliza sustancias altamente tóxicas y produce lodos con metales pesados que quedan almacenados en diques de cola. Los derrames de solución cianurada en San Juan, entre 2015 y 2017, demostraron que una falla técnica o humana puede comprometer cuencas enteras.

Otro frente problemático es la interferencia con el ambiente glaciar y periglacial, protegido por la Ley de Glaciares. Varias organizaciones y centros de investigación advierten que algunas operaciones se ubican en áreas donde cualquier alteración tiene efectos irreversibles sobre la generación de agua.

Pero el conflicto no es solo ambiental, sino también es territorial y social. La megaminería redefine economías y modos de vida, ya que desplaza actividades tradicionales y genera una fuerte disputa por el control del recurso. En muchas provincias, la actividad carece de licencia social. Lo prueban movilizaciones como el Mendozazo del Agua en 2019 o el Chubutazo en 2021, donde la presión ciudadana logró frenar reformas que habilitaban la actividad.

A la discusión ambiental se suma un problema estructural, que es la débil capacidad de control del Estado. En muchas provincias cordilleranas, los organismos encargados del monitoreo ambiental cuentan con escaso presupuesto, poco personal especializado y fuertes dependencias políticas del propio sector minero. Esto genera una situación donde, en la práctica, los informes y fiscalizaciones quedan en manos de las empresas, que realizan sus propios monitoreos y reportes. La falta de auditorías independientes y laboratorios públicos en zonas mineras hace que numerosas infracciones pasen inadvertidas o se informen tardíamente, profundizando la percepción social de que los riesgos ambientales no están adecuadamente gestionados.

A diferencia de lo que ocurre en países con regulaciones más estrictas, en Argentina no existe un sistema sólido para asegurar que las empresas cubran los costos del cierre de mina y la remediación ambiental. Esto deja a las provincias expuestas a lo que se conoce como pasivos ambientales, que son diques de cola abandonados, drenajes ácidos que contaminan ríos durante décadas y suelos inutilizables tras el fin de la explotación. En varios casos, estos costos deben ser absorbidos por el Estado, es decir, por la sociedad. Así, el argumento económico de la megaminería se debilita aún más, porque además de aportar poco en regalías e impuestos, la actividad deja a largo plazo un conjunto de daños que requieren inversiones millonarias para ser mitigados, cuando no son directamente irreversibles.