En un nuevo giro judicial que amplía el impacto patrimonial de la condena, la Fiscalía del caso Vialidad analiza formalizar un pedido para incluir el departamento que Cristina Fernández de Kirchner ocupa en su prisión domiciliaria entre los bienes a decomisar. La propuesta es impulsada por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola y será sometida al Tribunal Oral Federal 2 , que ya dictó la confiscación de decenas de inmuebles en la causa.

El inmueble en cuestión se encuentra en la calle San José 1111, en Constitución, un departamento de aproximadamente 232 metros cuadrados que la exmandataria adquirió en 2010 por más de 300.000 dólares.  En los registros, la propiedad figura a nombre de Hotesur, la empresa que actualmente pertenecen sus hijos Máximo y Florencia Kirchner y cuyos activos ya están bajo embargo en otras causas judiciales.

La decisión final recae sobre los jueces del Tribunal Oral Federal 2, Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, quienes deberán definir si aceptan incorporar este departamento en el segundo tramo del decomiso solicitado por la Fiscalía.

Este nuevo planteo se suma al gran operativo de decomiso ya en marcha: el tribunal ya dispuso la confiscación de más de 80 propiedades, incluyendo inmuebles de Lázaro Báez, terrenos en Santa Cruz vinculados a los Kirchner, y bienes cedidos a Máximo y Florencia. El monto al que apunta la Justicia es monumental: 684.990.350.139,86 pesos, según la actualización realizada por peritos de la Corte Suprema.

Los fiscales argumentan que no es necesario demostrar una “trazabilidad científica” precisa para cada bien decomisado. Según ellos, basta acreditar una coincidencia temporal con los hechos ilícitos y una razonabilidad económica entre el origen del bien y el delito. Bajo esta interpretación, no solo el producto directo del delito sino también los “bienes transformados, sustituidos o mezclados” podrían ser incluidos, así como los que estén formalmente a nombre de terceros.

Por su parte, la defensa de Cristina Kirchner rechaza la medida. Sus abogados sostienen que la fiscalía no demostró un vínculo causal entre el departamento y los hechos delictivos. También cuestionan que los bienes cedidos a sus hijos en 2016 sean alcanzados por el decomiso, argumentando que fueron transferidos con anterioridad y de buena fe. Además, la expresidenta solicitó la anulación de la ejecución, denunciando que el cálculo del decomiso es ilegítimo, especialmente para bienes adquiridos antes de 2009.

Sin embargo, el tribunal ya ha marcado su línea interpretativa: no se exige una pista científica exacta, sino más bien una relación temporal o económica, incluso si los bienes están en manos de personas no condenadas. Según el Tribunal Oral Federal 2, la medida busca asegurar que el delito no “rinda frutos”: de modo que puedan ser confiscadas ganancias derivadas de la maniobra.

En paralelo, otros actores cuestionan la falta de pago por parte de los condenados. A pesar de la exigencia de los 684.990 millones, ni Cristina Kirchner ni los demás involucrados han hecho depósitos, lo que abre la puerta al remate o la ejecución de sus bienes.

Además, la Cámara Federal de Casación ya dio una señal clara: rechazó un planteo de los abogados de Kirchner para que el decomiso se tramite en la justicia civil, y ratificó que es competente el Tribunal Oral Federal 2 para avanzar con esta etapa.