El Gobierno nacional decidió desplazar de su cargo a Carlos Frugoni, secretario de Coordinación de Infraestructura del Ministerio de Economía, luego de que el propio funcionario reconociera que poseía propiedades y sociedades en Estados Unidos que no habían sido incluidas en sus declaraciones juradas. La salida se produjo en medio de un creciente escándalo político y tras la difusión de investigaciones periodísticas que pusieron en evidencia las irregularidades.

Frugoni ocupaba un rol clave dentro de la estructura del Ministerio de Economía, bajo la órbita de Luis Caputo, con responsabilidades sobre áreas estratégicas como la obra pública y el transporte. Su salida fue formalizada tras la aceptación de su renuncia, en un contexto de fuerte presión pública y cuestionamientos sobre su conducta patrimonial.

El caso se originó a partir de una investigación que reveló que el funcionario era titular, directa o indirectamente, de al menos siete propiedades ubicadas en Miami, que no habían sido declaradas ante la Oficina Anticorrupción ni ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Según los registros analizados, algunos informes incluso elevaron el número de inmuebles a ocho, lo que amplificó el impacto del caso. Estas propiedades se encontraban principalmente en el estado de Florida, en zonas como Palm Beach, y habían sido adquiridas entre 2020 y 2022.

Las unidades inmobiliarias, de acuerdo con la información disponible, tenían valores que oscilaban entre aproximadamente 140.000 y más de 300.000 dólares cada una, lo que implicaba un patrimonio significativo que debía haber sido informado en sus declaraciones como funcionario público.

Además de los inmuebles, las investigaciones detectaron la existencia de sociedades comerciales radicadas en Estados Unidos, como Genova LLC y Waki LLC, que habrían sido utilizadas para canalizar las inversiones inmobiliarias. Estas firmas tampoco habían sido declaradas ante los organismos de control en la Argentina.

Frugoni reconoció públicamente la omisión y aseguró que se trató de un error. “Cometí un error”, admitió al ser consultado, y explicó que ya había iniciado el proceso de rectificación de su declaración jurada y de su situación ante las autoridades fiscales.

El funcionario también sostuvo que los bienes habían tributado en los Estados Unidos, aunque admitió que no los había incorporado a sus presentaciones en la Argentina, lo que constituye una obligación para quienes ocupan cargos públicos.

El escándalo generó repercusiones inmediatas dentro del Gobierno, donde inicialmente se solicitaron explicaciones y se evaluó la situación antes de tomar la decisión de apartarlo. Finalmente, su salida se concretó como una forma de descomprimir la crisis y reforzar los estándares de transparencia en la gestión pública.

En paralelo, el caso derivó en presentaciones judiciales. Dirigentes políticos impulsaron denuncias para que se investigue si existieron delitos como omisión maliciosa en la declaración jurada, evasión, lavado de dinero o incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Las sospechas también alcanzan la evolución patrimonial del funcionario, ya que la adquisición de múltiples propiedades en un período relativamente corto generó interrogantes sobre el origen de los fondos utilizados para esas operaciones.

Frugoni ya había tenido antecedentes vinculados a irregularidades en materia de declaraciones patrimoniales en su paso por la administración pública porteña, donde incluso fue señalado por incumplimientos en la presentación de documentación obligatoria.

El episodio se produce en un contexto de mayor escrutinio sobre los bienes de funcionarios públicos y reabre el debate sobre los mecanismos de control y transparencia en la administración estatal. La declaración jurada de bienes es una herramienta central para prevenir conflictos de interés y detectar posibles casos de enriquecimiento ilícito.