En un operativo sin precedentes en zona norte de Buenos Aires, la Justicia Federal ordenó el secuestro de 54 vehículos de alta gama y colección en el marco de una investigación que hoy apunta a determinar quienes son los dueños de una lujosa mansión ubicada en Villa Rosa, partido de Pilar, y los bienes asociados a la misma.

El allanamiento, impulsado inicialmente por el juez federal Daniel Rafecas, y que ahora continúa bajo el Juzgado Penal Económico N.º 10 tras una decisión de la Cámara Federal, se realizó en un predio de más de 10 hectáreas cuyo valor estimado podría alcanzar decenas de millones de dólares.

La propiedad, que incluye instalaciones deportivas, un establo con caballos de alta calidad y hasta una pista demarcada con una “H” que parecería cumplir funciones de helipuerto, figura a nombre de la sociedad Real Central SRL, constituida por el dirigente de fútbol Luciano Nicolás Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, ambos sin antecedentes económicos que justifiquen la magnitud patrimonial que exhiben sus bienes.

Dentro de un gran galpón del predio, los investigadores hallaron 45 autos de lujo, 7 motos de alta cilindrada y dos kartings. Entre los vehículos más destacados figuran una Ferrari F430 valuada en más de USD 500.000, varios Porsche —incluyendo modelos 911 en distintas versiones y un Panamera, y otros autos exóticos como un Audi R8 V10.

El caso comenzó a escalar luego de una denuncia de la Coalición Cívica, que cuestionó por qué una empresa constituida por una jubilada y un monotributista poseía bienes de alto valor. La sospecha es que la firma habría sido utilizada como pantalla para ocultar activos pertenecientes en realidad a altos dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), como “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, lo que implica posibles delitos como lavado de activos o enriquecimiento ilícito.

A partir de esa presentación, el juez Rafecas dictó embargos preventivos sobre la propiedad y los vehículos, así como prohibiciones de salida del país y congelamiento de cuentas para los titulares formales de la sociedad investigada.

Sin embargo, la causa fue apartada del fuero federal común y trasladada al Juzgado Penal Económico N.º 10, donde el magistrado Marcelo Aguinsky ordenó un conjunto de medidas para avanzar en el esclarecimiento del patrimonio real detrás de la firma Real Central.

Entre las órdenes del nuevo juez se encuentra el levantamiento del secreto de sumario, requerimientos a organismos como la Superintendencia de Seguros de la Nación, registros automotores, empresas de rastreo satelital y prestadores de servicios como Telepase y telefonía móvil, con el objetivo de reconstruir la trayectoria y uso de cada uno de los vehículos secuestrados.

Además, las investigaciones incluyen determinar quiénes pagaron las pólizas de seguro de los autos, las cédulas azules de uso de los vehículos y otros contratos vinculados a las unidades, todo para establecer si existe un vínculo directo entre los bienes y terceros que no figuran como titulares en los papeles.

La mansión en cuestión también fue objeto de denuncias por la falta de habilitaciones formales. Dirigentes de la Coalición Cívica señalaron que el helipuerto dentro del predio no figura en los registros oficiales de la autoridad aeronáutica —la ANAC— lo que podría dar lugar a nuevas irregularidades administrativas en la investigación.