Noelia Castillo, una joven española de 25 años, murió el 26 de marzo de 2026 en Barcelona tras recibir la eutanasia, luego de un extenso proceso judicial que se prolongó durante más de dos años y que atrajo la atención pública en España y otros países.

La joven había solicitado acceder a la muerte asistida en el marco de la legislación vigente, que regula este derecho desde 2021 para personas que padecen un sufrimiento físico o psíquico grave, crónico e imposibilitante. Su pedido fue finalmente autorizado por las autoridades sanitarias y respaldado por distintas instancias judiciales, pese a la oposición de su padre, quien intentó impedir el procedimiento mediante diversos recursos legales.

El caso de Castillo se convirtió en uno de los más emblemáticos desde la aprobación de la ley de eutanasia en España, tanto por su edad —era una de las personas más jóvenes en acceder a este derecho— como por la complejidad del proceso judicial que atravesó.

La historia personal de la joven estuvo marcada por una serie de hechos traumáticos. En 2022, fue víctima de una violación grupal mientras se encontraba en una institución estatal. Tras ese episodio, intentó quitarse la vida arrojándose desde un edificio. Si bien sobrevivió, el hecho le provocó una lesión medular irreversible que la dejó parapléjica, además de dolor crónico y una dependencia total para realizar actividades cotidianas.

A partir de entonces, Castillo inició el proceso para solicitar la eutanasia, alegando un sufrimiento constante que consideraba insoportable. En 2024, su pedido fue aprobado por la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, el organismo encargado de supervisar estos procedimientos. Sin embargo, la ejecución se vio demorada por la intervención judicial impulsada por su padre y por organizaciones contrarias a la eutanasia.

Durante ese período, el caso atravesó múltiples instancias judiciales. Tribunales españoles, incluido el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, rechazaron los recursos que buscaban frenar el procedimiento, al considerar que se cumplían los requisitos legales y que la joven tenía plena capacidad para decidir. Finalmente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos también desestimó las medidas cautelares solicitadas para impedir la eutanasia, lo que dejó firme la autorización.

El proceso completo se extendió durante 601 días desde la solicitud inicial, un plazo inusualmente largo en comparación con otros casos similares.

En distintas intervenciones públicas previas a su muerte, Castillo reiteró su decisión y sostuvo que su intención era poner fin al sufrimiento. También aclaró que no buscaba convertirse en un símbolo del debate, sino ejercer un derecho individual.

El procedimiento se llevó a cabo en un centro sanitario de la provincia de Barcelona mediante la administración de fármacos que inducen sedación profunda y, posteriormente, el cese de las funciones vitales, conforme a los protocolos establecidos para garantizar una muerte sin dolor.

Su muerte reavivó el debate en España sobre los alcances de la eutanasia, especialmente en casos que involucran a personas jóvenes o situaciones donde el sufrimiento combina factores físicos y psicológicos. El caso también puso en evidencia las tensiones entre el derecho individual a decidir sobre la propia vida y las objeciones familiares o ideológicas que pueden surgir en este tipo de procesos.

Desde la entrada en vigencia de la ley en 2021, España se encuentra entre los países que permiten la eutanasia bajo condiciones estrictas, que incluyen evaluaciones médicas, reiteración del consentimiento y supervisión de organismos independientes.