En un contexto marcado por expectativas favorables para el sector agropecuario, la Sociedad Rural Argentina (SRA) volvió a insistir con la eliminación de las retenciones y reclamó al Gobierno avanzar hacia un esquema impositivo que incentive la producción y la inversión. El pedido se produce en simultáneo con proyecciones oficiales que anticipan un fuerte ingreso de divisas durante 2026.

Según estimaciones difundidas por el Ministerio de Economía, las exportaciones del agro podrían alcanzar los USD 42.000 millones este año, consolidando al sector como uno de los principales generadores de dólares para la economía argentina. En ese marco, la entidad rural consideró que el país enfrenta una “oportunidad histórica” para potenciar su desarrollo productivo.

A través de un comunicado, la SRA combinó un tono de reconocimiento hacia el Gobierno con un renovado reclamo por la presión fiscal. La entidad celebró las proyecciones oficiales y algunas medidas recientes, pero advirtió que el escenario actual exige profundizar los cambios. En particular, planteó que es necesario avanzar con un cronograma hacia la eliminación definitiva de los derechos de exportación.

El presidente de la asociación, Nicolás Pino, sostuvo que el campo ha demostrado su capacidad de respuesta cuando existen condiciones favorables, como previsibilidad económica y menor carga impositiva. En esa línea, la organización remarcó que el sector incrementa la inversión, la producción y el empleo ante señales claras de reducción de impuestos.

Según expresó la SRA, los resultados actuales reflejan una dinámica en la cual el agro responde de manera inmediata a los incentivos. La entidad destacó que recientes medidas de alivio fiscal, como la reducción de aranceles a la importación de insumos y bienes de capital, generaron una reacción positiva en la actividad.

No obstante, advirtió que estos avances son insuficientes si no se consolidan en el tiempo. “Es momento de profundizar el alivio fiscal para consolidar el crecimiento”, señalaron desde la organización, al tiempo que insistieron en que la persistencia de las retenciones actúa como un límite estructural al desarrollo del sector.

El reclamo se da en un escenario complejo desde el punto de vista de los costos. La SRA señaló que los productores enfrentan aumentos significativos en insumos clave, en un contexto internacional atravesado por tensiones que impactan en los precios. Entre otros factores, mencionaron subas superiores al 50% en fertilizantes como la urea y un fuerte incremento en los costos logísticos asociados al combustible.

En este contexto, la entidad advirtió que el esfuerzo productivo se ve condicionado por la presión fiscal. Según indicó Pino, en muchos casos la rentabilidad se reduce a cubrir costos operativos, lo que limita la capacidad de expansión e inversión del sector.

Desde la Sociedad Rural sostienen que una eventual eliminación de las retenciones no solo beneficiaría al agro, sino que también tendría efectos positivos sobre el conjunto de la economía. Argumentan que un mayor nivel de actividad permitiría ampliar la base imponible y aumentar la recaudación a través de otros tributos, como el Impuesto a las Ganancias y el IVA.

El planteo también se vincula con el rol estratégico del agro en la macroeconomía argentina. Según datos citados por la entidad, el sector podría generar un ingreso adicional de aproximadamente USD 8.700 millones respecto al año anterior, lo que refuerza su importancia en la acumulación de reservas y la estabilidad cambiaria.

A pesar de estas perspectivas positivas, la SRA insistió en que el crecimiento del sector depende de la continuidad de las políticas de alivio fiscal. En ese sentido, subrayó que las medidas recientes deben transformarse en un proceso sostenido que permita consolidar el desarrollo agroindustrial.

El debate sobre las retenciones forma parte de una discusión histórica en la Argentina. Las entidades rurales consideran estos impuestos como distorsivos, al sostener que desalientan la inversión, reducen la competitividad y limitan el crecimiento productivo. En contraposición, el Estado los ha utilizado como una herramienta clave de recaudación fiscal.

En los últimos años, distintos gobiernos han aplicado modificaciones en las alícuotas, combinando reducciones y aumentos según el contexto económico. Sin embargo, el reclamo por su eliminación total se ha mantenido como una demanda constante por parte del sector agropecuario.

En este marco, la Sociedad Rural reiteró que el actual escenario presenta condiciones favorables para avanzar en reformas estructurales. La combinación de buenos niveles de producción, proyecciones exportadoras positivas y medidas iniciales de alivio fiscal configura, según la entidad, una oportunidad para redefinir el esquema impositivo.

Asimismo, destacaron que el crecimiento del agro tiene un impacto transversal en la economía, impulsando actividades vinculadas como el transporte, la industria y los servicios. En este sentido, sostienen que una mayor competitividad del sector podría traducirse en un efecto multiplicador sobre el empleo y la actividad económica.