Desde el congreso se aprobó la reforma de la Ley de Glaciares, introduciendo modificaciones sustanciales en el régimen de protección ambiental vigente desde 2010. La iniciativa, impulsada por el Gobierno nacional, fue sancionada tras una extensa sesión con 137 votos a favor, 111 en contra y tres abstenciones, en un contexto de fuerte debate político y social.

La norma original, la Ley 26.639, establecía presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglaciar, considerados reservas estratégicas de agua dulce. Bajo ese esquema, se prohibían actividades como la minería o la explotación hidrocarburífera en esas zonas, con el objetivo de proteger recursos hídricos, biodiversidad y ecosistemas de alta montaña.

La reforma aprobada introduce un cambio de enfoque en el criterio de protección. A partir de ahora, ya no todos los glaciares y ambientes periglaciares estarán automáticamente protegidos, sino únicamente aquellos que cumplan una “función hídrica efectiva” o relevante dentro de una cuenca. Esto implica que la protección dejará de ser general para pasar a depender de evaluaciones técnicas específicas.

Uno de los puntos centrales del nuevo esquema es el rol que adquieren las provincias. La normativa establece que serán las jurisdicciones locales las encargadas de determinar, mediante estudios propios, qué cuerpos de hielo deben ser protegidos y en qué condiciones pueden habilitarse actividades productivas. Este cambio refuerza el carácter federal de la gestión ambiental, pero también introduce diferencias potenciales en los criterios de aplicación entre distintas regiones del país.

En línea con esta modificación, también se altera el régimen de prohibiciones. Mientras que la ley original establecía restricciones amplias y preventivas, la reforma habilita la posibilidad de desarrollar proyectos, incluida la actividad minera, siempre que se demuestre que no afectan de manera significativa la función hídrica de los glaciares protegidos. De este modo, se pasa de un principio precautorio general a un sistema basado en evaluaciones de impacto ambiental caso por caso.

El cambio en la definición del ambiente periglaciar es otro de los aspectos relevantes. La reforma reduce el alcance de estas áreas, lo que en la práctica implica que ciertos territorios previamente protegidos podrían quedar habilitados para actividades económicas. Esta redefinición es clave, ya que el ambiente de glaciares cumple un rol fundamental como regulador del agua en regiones de montaña.

El debate legislativo estuvo atravesado por posiciones contrapuestas. Desde el oficialismo y sectores vinculados a la actividad minera se argumentó que la reforma permitirá atraer inversiones, generar empleo y aprovechar recursos estratégicos como el cobre, el oro y el litio, en un contexto global de transición energética. También sostuvieron que la nueva normativa aporta mayor previsibilidad y claridad regulatoria para el desarrollo de proyectos productivos.

Por su parte, distintos sectores de la oposición, junto a organizaciones científicas y ambientales, cuestionaron la iniciativa. Entre los principales señalamientos se destaca que la reducción del alcance de la protección podría afectar reservas clave de agua dulce y ecosistemas sensibles, especialmente en un escenario de cambio climático y creciente estrés hídrico. Asimismo, advirtieron que la descentralización de las decisiones podría generar desigualdades en los estándares de protección ambiental entre provincias.

La sesión en Diputados se desarrolló en un clima de alta tensión política y con manifestaciones en las inmediaciones del Congreso. La participación legislativa fue casi total, con 256 diputados presentes, lo que reflejó la relevancia del debate y el impacto potencial de la norma.