La dirigente peronista Cristina Fernández de Kirchner se encuentra frente al que será su mayor desafío judicial: un proceso penal que la coloca como principal acusada junto a decenas de exfuncionarios y empresarios en una causa que pone en juego su futuro político y personal.

La investigación se centra en la denominada causa de los  cuadernos, un entramado que según la acusación involucra el direccionamiento de obra pública y el pago de sobornos durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner en Argentina.
Según fuentes de prensa, el expediente contempla 626 testigos y 87 acusados en esta fase, lo que convierte al juicio en una de las causas penales más grandes en la historia del país. 
Se estima que las audiencias se extenderán por al menos tres años, con el uso intensivo de la plataforma Zoom para la mayoría de las sesiones, dada la magnitud del debate. 
Al mismo tiempo, desde la fiscalía se advierte que la exmandataria podría recibir una condena de más de 12 años de prisión si prosperan determinados agravantes, como la figura de “asociación ilícita” imputada en su contra. 

El tribunal asignado prevé que la mayoría de las audiencias se realicen por modalidad virtual (vía Zoom), excepto aquellas consideradas críticas para las partes, en las cuales podría requerirse la presencia física. Esta modalidad fue cuestionada por la sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, que advirtió sobre los límites de garantizar las garantías de defensa en un debate mayoritariamente remoto. 
Además, la carga procesal es enorme: con más de seis centenares de testigos y decenas de acusados (entre exfuncionarios, empresarios y contratistas), las audiencias semanales ya fueron planteadas como una estrategia para avanzar en forma ordenada.

La acusación incluye delitos graves: cohecho activo y pasivo, administración fraudulenta agravada, lavado de activos y, en particular, la figura de asociación ilícita que, de prosperar, incrementaría la escala de la pena posible. 
Para Fernández de Kirchner, que ya ha sido condenada en otras causas, el nuevo juicio representa una ampliación del frente judicial con el cual deberá lidiar.

Las fuentes señalan que una condena superior a los 12 años no es descartable, siempre que se valide la figura de asociación ilícita u otros agravantes.
Si bien las penas son uno de los factores centrales, también lo es la duración del proceso: tres años de audiencias se plantean como una previsión mínima, lo que implica que la definición podría demorarse hasta 2028 o más.