La Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó ayer las condenas contra Guillermo Moreno, ex Secretario de Comercio Interior durante los gobiernos kirchneristas, consolidando su inhabilitación para ejercer cargos públicos por los próximos seis años . Las sentencias judiciales corresponden a dos causas emblemáticas que habían generado gran repercusión política y judicial en los últimos años.

La primera condena fue dictada por un episodio ocurrido en 2010, cuando Moreno irrumpió durante una asamblea de accionistas de la empresa Papel Prensa con elementos deportivos y amenazas que forzaron la suspensión de la votación. Por este hecho, que fue interpretado como una acción coactiva para influir en decisiones empresariales, fue condenado a dos años de prisión en suspenso y seis meses de inhabilitación para ocupar cargos públicos.

La segunda causa por la que Moreno enfrenta una condena firme corresponde a un caso de peculado, en el que se le responsabiliza por el uso de fondos estatales para la compra de materiales anti-Clarín en la campaña mediática del gobierno. En esta causa fue sentenciado a dos años y medio de prisión en suspenso y una inhabilitación perpetua.

Con la confirmación de la Corte Suprema, ambas penas quedaron firmes y ahora la unificación de las condenas quedará a cargo de un tribunal que evaluará si la prisión en suspenso se convierte en prisión efectiva, dado que la suma de penas supera los tres años. En declaraciones recientes, Moreno admitió que “lo más probable es que vaya preso” y anticipó posibles medidas legales para su defensa.

Este fallo tiene un fuerte impacto político, ya que implica una proscripción definitiva para Moreno, una figura relevante en la etapa kirchnerista que durante años ha estado involucrado en múltiples controversias judiciales. Con esta resolución, el ex funcionario queda inhabilitado para futuras candidaturas o cargos públicos, profundizando la judicialización del espacio político que representa.

La causa contra Guillermo Moreno está siendo llevada adelante por la Justicia Federal, con intervención de distintos jueces y fiscales, entre ellos el fiscal general N°1 ante los Tribunales Orales Federales, Luciani, y el fiscal coadyuvante Ipohorski Lenkiewicz, quienes hicieron el alegato fiscal en el juicio. Además, la Cámara Federal y la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal han estado involucradas en fallos procesales sobre la causa.

Actualmente, la causa espera decisiones del Máximo Tribunal, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ya confirmó dos condenas contra Moreno y le dictó la inhabilitación para ejercer cargos públicos. La investigación y el juicio sobre delitos vinculados a abuso de autoridad, manipulación de datos del INDEC, amenazas coactivas y peculado han implicado a jueces y tribunales federales específicos, como el Tribunal Oral Federal 7 y 8.

Este fallo emblemático no solo marca la inhabilitación de Guillermo Moreno para ejercer cargos públicos, sino que también refleja la creciente judicialización de la política en Argentina, un fenómeno que ha ido erosionando la confianza en las instituciones y profundizando la polarización del escenario político.