La Cámara Federal de Casación Penal ordenó avanzar con la ejecución de bienes de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, y otros condenados en la causa Vialidad, en el marco del proceso destinado a recuperar los fondos determinados como perjuicio al Estado. La decisión se adoptó luego de que no se concretara el pago del monto fijado en la condena, que asciende a aproximadamente $685.000 millones tras su actualización.

El fallo, firmado por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, habilita la ejecución de un amplio conjunto de activos, entre los que se incluyen más de 100 inmuebles pertenecientes a los distintos condenados en el expediente. La medida alcanza tanto bienes personales como propiedades vinculadas a empresas involucradas en la investigación por irregularidades en la obra pública en Santa Cruz.

La causa Vialidad investigó el direccionamiento de contratos de obra pública durante los gobiernos kirchneristas y concluyó con condenas por administración fraudulenta. En ese contexto, la Justicia estableció que los responsables deben restituir el daño económico causado al Estado. La ejecución patrimonial constituye una etapa clave para efectivizar ese recupero en caso de incumplimiento de pago.

Entre los bienes alcanzados por la medida se destacan numerosas propiedades ubicadas en la provincia de Santa Cruz, particularmente en Río Gallegos y El Calafate. El listado incluye inmuebles de gran superficie, como un terreno de más de 6.000 metros cuadrados en el departamento Lago Argentino, así como conjuntos de departamentos en la calle Mitre al 500 en Río Gallegos, adquiridos durante los años investigados.

También figuran terrenos de gran extensión en zonas cercanas a El Calafate, algunos de los cuales superan las decenas de miles de metros cuadrados. Entre estos activos se encuentra el predio donde se emplaza el complejo hotelero Los Sauces, una de las propiedades más representativas del patrimonio de la familia Kirchner y que además ha sido objeto de otras investigaciones judiciales.

La ejecución alcanza igualmente bienes que fueron transferidos a Máximo y Florencia Kirchner, en muchos casos como parte de cesiones patrimoniales realizadas en vida por la ex mandataria. La Justicia resolvió incluir estas propiedades en el decomiso al considerar que se encuentran cauteladas y vinculadas al período bajo investigación, que abarca entre 2003 y 2015.

En total, el proceso involucra alrededor de 111 bienes entre propiedades, terrenos y activos societarios pertenecientes a la ex presidenta, sus hijos, el empresario Lázaro Báez y otras personas condenadas en la causa. Entre ellos se incluyen también bienes de empresas como Austral Construcciones, señalada como una de las principales beneficiarias de los contratos de obra pública investigados.

La resolución judicial establece que, si los bienes inicialmente identificados no resultan suficientes para cubrir el monto total del decomiso, se podrá avanzar sobre otros activos de los condenados hasta alcanzar la suma fijada. Este criterio busca garantizar la restitución completa del perjuicio económico determinado en la sentencia.

El decomiso había sido dispuesto originalmente por el Tribunal Oral Federal 2 en noviembre de 2025, cuando se ordenó avanzar sobre más de 100 bienes para cubrir el monto establecido en la condena. Posteriormente, la Cámara de Casación confirmó esa decisión y habilitó su ejecución efectiva ante la falta de pago.

De acuerdo con el procedimiento previsto, los bienes serán identificados, tasados y eventualmente liquidados bajo supervisión judicial. El objetivo es transformar esos activos en recursos que permitan compensar el daño económico causado al Estado, en línea con lo dispuesto por la sentencia.