El Senado argentino aprobó hoy una reforma laboral impulsada por Milei tras un debate que duró más de trece horas y una votación de 42 a 30 a favor de otorgar media sanción al proyecto. La iniciativa, que ahora pasará a la Cámara de Diputados para su tratamiento final, es una pieza central de la agenda económica del gobierno. El debate legislativo desencadenó en protestas y enfrentamientos entre trabajadores y fuerzas de seguridad fuera del Congreso en Buenos Aires. Las manifestaciones reunieron a sindicatos y organizaciones sociales que rechazaron los cambios previstos. Durante las protestas se reportaron choques con la policía, uso de gases lacrimógenos y algunas detenciones. El gobierno justificó la reforma alegando que las normas actuales eran obsoletas y un obstáculo para la creación de empleo formal.

El proyecto de reforma laboral introduce modificaciones a las reglas de contratación y desvinculación laboral que, según el gobierno, buscan reducir la burocracia y atraer inversiones. Entre los cambios más destacados está la posibilidad de extender la jornada laboral estándar de ocho a doce horas diarias mediante mecanismos como el “banco de horas”. El texto también contempla ajustes en las normas sobre vacaciones, permitiendo que puedan ser fraccionadas en períodos más cortos. El derecho a huelga recibirá nuevas limitaciones, especialmente en sectores declarados esenciales. Además, el plan incluye la creación de un Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para financiar indemnizaciones por despido con aportes obligatorios de las empresas. Los cambios también afectan la forma en que se calculan y pagan las indemnizaciones por despido.

La reforma prevé que la compensación por despido pueda pagarse en cuotas mensuales en lugar de una única indemnización al momento de la desvinculación. El proyecto elimina o modifica varios conceptos tradicionales en la legislación laboral vigente, incluyendo cómo se integran ciertos ítems en la base de cálculo de indemnizaciones. También introduce la posibilidad de que salarios o beneficios se paguen en diferentes formas, incluso en moneda extranjera o en especie en casos particulares. El régimen de negociación colectiva se descentraliza, dando mayor peso a acuerdos por empresa en lugar de convenios sectoriales amplios. Este punto fue objeto de negociaciones dentro del propio oficialismo y con bloques aliados, que llevaron a concesiones antes de la votación en el Senado. Diversos sectores sindicales cuestionan estas modificaciones por considerar que debilitan derechos consolidados históricamente.

El período de prueba para nuevos empleados se amplía en el proyecto, permitiendo que los empleadores evalúen a contratados hasta por seis meses sin indemnización por desvinculación. Este cambio se propone como un incentivo para que las empresas formalicen trabajadores que actualmente se desempeñan en la informalidad. Según el texto, el sistema de “banco de horas” permitirá compensar jornadas más largas sin pagar horas extras tradicionales, siempre que se respeten descansos mínimos legales. El proyecto también contiene normas sobre la reorganización de licencias por enfermedad o maternidad, con algunas opciones de fragmentación acordadas entre partes. La ley contempla además la actualización y digitalización de registros laborales para simplificar trámites administrativos. El gobierno sostiene que estas medidas ayudarán a combatir la alta informalidad laboral en Argentina.

Diversos sectores políticos opositores y sindicatos rechazaron la reforma por considerar que limita derechos laborales históricos y precariza las condiciones de trabajo existentes. La Confederación General del Trabajo (CGT) y otras organizaciones convocaron protestas y anunciaron planes de lucha ante la aprobación en el Senado. Algunos legisladores opositores y gremios anunciaron que podrían recurrir a la justicia para impugnar partes de la normativa una vez sancionada. La discusión ahora se traslada a la Cámara de Diputados, donde el gobierno buscará aprobarla definitivamente.

El gobierno de Milei sostiene que la actualización del marco laboral es necesaria para modernizar la normativa y hacerla compatible con las demandas del mercado actual. La reforma forma parte de un paquete más amplio de medidas económicas denominado “shock therapy” por sus promotores.