La Justicia de Estados Unidos emitió un fallo clave en el prolongado litigio por la expropiación de YPF al anular la sentencia que condenaba a la Argentina a pagar más de US$16.000 millones a exaccioncitas de la compañía. La decisión fue tomada por la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que revocó el fallo de primera instancia dictado en 2023 por la jueza Loretta Preska.

El tribunal de alzada resolvió que los reclamos de los demandantes no se ajustaban a la legislación argentina, lo que dejó sin sustento la condena económica contra el país. En consecuencia, la Argentina ya no deberá afrontar el pago de la indemnización que, con intereses, había escalado incluso por encima de los US$18.000 millones.

El litigio se originó tras la decisión del Estado argentino de expropiar el 51% de YPF en 2012, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. En ese proceso, la empresa española Repsol, accionista mayoritario en ese momento, recibió una compensación, mientras que otros accionistas minoritarios, como Petersen Energía y Eton Park, iniciaron demandas alegando que no se respetaron sus derechos.

En septiembre de 2023, la jueza Preska había fallado a favor de esos accionistas y determinó que la Argentina debía pagar una indemnización multimillonaria por haber incumplido supuestas obligaciones contempladas en el estatuto de la empresa. Esa decisión generó una fuerte preocupación en el ámbito económico local, dado el impacto potencial que implicaba para las finanzas públicas.

Sin embargo, la Cámara de Apelaciones concluyó ahora que esa interpretación fue errónea. En particular, sostuvo que no correspondía considerar el estatuto de YPF como un contrato que obligara al Estado a realizar una oferta pública para adquirir las acciones de los minoritarios en el contexto de la expropiación.

El fallo no fue unánime, ya que uno de los jueces votó en disidencia, pero la decisión mayoritaria resultó suficiente para revertir la sentencia previa y cerrar, al menos por el momento, uno de los capítulos más costosos del conflicto judicial.

La resolución también deja sin efecto otras medidas derivadas del fallo original, como la orden que obligaba a la Argentina a entregar acciones de YPF como parte del pago.

Desde el punto de vista económico, la decisión representa un alivio significativo para el país. La indemnización establecida en primera instancia equivalía a una porción considerable del presupuesto nacional y su eventual pago hubiera implicado una fuerte presión sobre las cuentas públicas y las reservas internacionales.

El gobierno argentino celebró el resultado y lo calificó como una victoria judicial de gran relevancia. El presidente Javier Milei destacó el fallo como un hito para la estabilidad económica y la recuperación de la confianza internacional, en un contexto en el que el país busca recomponer sus finanzas y atraer inversiones.

No obstante, el caso aún no está completamente cerrado. Los fondos demandantes, respaldados por el estudio Burford Capital, manifestaron su desacuerdo con la decisión y analizan posibles vías de apelación, incluyendo la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema de Estados Unidos o a instancias de arbitraje internacional.

El proceso judicial por la expropiación de YPF lleva más de una década y atravesó distintos gobiernos argentinos, sin que variara sustancialmente la estrategia de defensa del Estado. La petrolera, por su parte, continuó operando durante ese período y consolidó su rol en el desarrollo energético del país, especialmente en la formación de Vaca Muerta.

La decisión de la Cámara de Apelaciones introduce un cambio sustancial en el escenario legal y financiero. Si bien no elimina por completo la posibilidad de nuevas instancias judiciales, sí reduce de manera significativa la incertidumbre asociada a uno de los litigios más relevantes que enfrentaba la Argentina en el exterior.