ARCA denunció a Tapia y Toviggino por presunta asociación ilícita fiscal en una causa por facturas apócrifas
El organismo recaudador presentó una ampliación de la denuncia penal contra las autoridades de la AFA en el marco de una causa por evasión y utilización de facturas apócrifas. La investigación apunta a maniobras realizadas entre 2023 y 2025 y a un supuesto perjuicio fiscal cercano a los $300 millones.

Escribe: Santiago Saenz Rozas

ARCA denunció a Tapia y Toviggino por presunta asociación ilícita fiscal en una causa por facturas apócrifas

La defensa de "Chiqui" Tapia solicitó que se pueda incluir su apelación.

08/05/2026

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) amplió la denuncia penal contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y acusó al presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino de integrar una presunta asociación ilícita fiscal vinculada a maniobras de evasión tributaria mediante el uso de facturación apócrifa. La presentación fue realizada ante el juzgado penal económico a cargo de Diego Amarante, que ya investigaba a los dirigentes por presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social.

 

La ampliación de la denuncia incorpora una nueva hipótesis judicial que sostiene la existencia de una estructura organizada destinada a cometer delitos tributarios de manera sistemática. Según la presentación del organismo encabezado por Andrés Vázquez, las maniobras investigadas se habrían extendido durante varios ejercicios fiscales consecutivos y habrían incluido operaciones con proveedores considerados sin capacidad económica, financiera ni operativa para realizar los servicios facturados.

 

De acuerdo con la documentación presentada en el expediente CPE 1182/2025, ARCA detectó un supuesto esquema de utilización de comprobantes falsos para justificar pagos cuyo destino final no pudo ser determinado. El organismo sostiene que el mecanismo habría provocado un perjuicio fiscal total de $289.336.519 entre los años 2023 y 2025.

 

La denuncia menciona específicamente a Tapia y Toviggino como integrantes de la estructura investigada. También aparecen nombrados el secretario de la AFA, Víctor Blanco Rodríguez; el dirigente Cristian Malaspina; y el director general Gustavo Lorenzo. Según la acusación, los movimientos económicos observados presentan “indicios graves, precisos y concordantes” compatibles con un esquema de evasión agravada mediante facturación apócrifa.

 

La investigación se centra especialmente en operaciones vinculadas al predio de Ezeiza y en una serie de pagos realizados por la AFA a empresas que presentaban irregularidades estructurales. ARCA indicó que varios de los cheques emitidos por la entidad fueron endosados en múltiples ocasiones y terminaron depositados en cuentas de personas o firmas sin relación comercial directa con las operaciones originales. Para reconstruir el recorrido del dinero, el organismo solicitó información bancaria y documentación adicional a distintas entidades financieras y compañías privadas.

 

La nueva presentación judicial se suma a una causa previa en la que la AFA ya estaba siendo investigada por una presunta apropiación indebida de tributos y aportes de seguridad social por alrededor de $19.000 millones. En febrero de este año, el juez Diego Amarante citó a indagatoria a Tapia y Toviggino y les prohibió salir del país mientras avanzaba la investigación penal.

 

En esa causa, la Justicia analiza presuntas irregularidades vinculadas con retenciones impositivas y aportes que, según la acusación, habrían sido descontados pero no transferidos al fisco entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. El expediente incluye 69 hechos investigados y también alcanza a otros integrantes de la conducción de la AFA.

 

Durante los últimos meses, las defensas de los dirigentes intentaron cerrar la causa argumentando que las deudas reclamadas habían sido canceladas y que correspondía declarar extinguida la acción penal por “reparación integral del daño”. Sin embargo, tanto la fiscalía como ARCA rechazaron esa postura y sostuvieron que el pago posterior de las obligaciones fiscales no elimina la posible responsabilidad penal derivada de los hechos investigados.

 

El juez Amarante también rechazó recientemente un planteo presentado por la defensa de Toviggino para apartar a ARCA de la querella. En su resolución, el magistrado ratificó la legitimidad del organismo recaudador para intervenir en el expediente y afirmó que los delitos tributarios investigados no afectan únicamente al patrimonio estatal sino también a intereses públicos vinculados con la Hacienda Pública.