Esta maniobra, ejecutada bajo el mando de Donald Trump, ignora el marco legal internacional y aplasta impunemente toda vigencia del sistema democrático tal como lo conocemos. En un contexto de bombas y colonización, Trump ni siquiera finge suponer lo contrario: es brutalmente honesto sobre sus proyectos y ambiciones. Por eso no tiene problema en actuar de forma anticonstitucional y casi bárbara, con discursos de odio, ataques y una autoridad firme. “Lo que necesitamos es un acceso total, acceso completo al petróleo y otros recursos del país que nos permitan reconstruirlo”, exclamó el domingo 4 de enero de 2026, durante una declaración a la prensa mientras se trasladaba de la Casa Blanca hacia Mar-a-Lago. “Dirigiremos el país hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y sensata. Por lo tanto, no queremos involucrarnos con la llegada de otra persona y que tengamos la misma situación de los últimos años”, aseguró el mandatario estadounidense, sin revelar detalles esenciales como cuánto tiempo planea gobernar Venezuela o cómo lo llevará a cabo. Pero sí ha sido contundente sobre su deseo de paz, justicia y libertad para el pueblo venezolano, incluidos los que viven en Estados Unidos. 

El panorama es más que confuso. Aunque las medidas y las ideas para el país son completamente ilegales, algunos celebran la caída del líder chavista como un paso hacia la libertad. Sin embargo, es un hecho inamovible que el régimen podría explotar esta injerencia externa para reforzar su cohesión interna, intensificar la militarización y desatar una ola represiva bajo la excusa de una supuesta soberanía nacional.

Ambas visiones simplifican una situación complicada: la violencia, independientemente de su origen, no construye democracias posibles ni restaura libertades perdidas. La cuestión no es si un tirano debe abdicar —eso es obvio—, sino quién lo decide, cómo, cuándo y con qué intereses o excusas. Eliminar la cabeza de un gobierno de facto suena moralmente justo, pero ¿es posible gestar libertad con el caos y la violencia, ignorando la ley y el territorio? El derecho y el deber están en la norma mínima para ordenarnos y evitar tanto gobiernos de facto como ataques externos.

Esta decisión de Trump inicia un año de diplomacia errática y egocéntrica, que desdeña los mecanismos multilaterales en favor de la imposición unilateral. Lejos de ser un ejemplo de derechos humanos, el presidente estadounidense eleva la potencia militar por encima de la legalidad global. Trump reivindicó su imagen como “presidente de la paz” en su segundo discurso inaugural el 20 de enero de 2025, afirmando: “Mi legado más orgulloso será el de pacificador y unificador”, pese a operaciones drásticas en Irán, Nigeria y ahora Venezuela. Denunciar esto no equivale a respaldar el autoritarismo de Maduro, sino a recordar una

verdad elemental: la democracia genuina no se compone solo de palabras y sacudidas de bandera; necesita un ejercicio real y soberano.

La retórica trumpista agrava el problema. Al declarar que Estados Unidos “administrará” Venezuela hasta una “transición estable”, Trump se atribuye un rol tutelar que invisibiliza a la oposición local y al pueblo. En rueda de prensa sobre la captura, describió la operación como una “operación militar extraordinaria” que mostró “una muestra increíble de la fuerza y la competencia de Estados Unidos”, agregando que “petroleras de Estados Unidos ingresarán a Venezuela”. Esta pretensión difumina las líneas entre rescate humanitario y explotación económica, y deja claras sus prioridades.

Estados Unidos quiere el petróleo venezolano porque tiene una de las reservas más grandes del mundo, sobre todo  del petróleo crudo pesado que sus refinerías como Citgo usan para hacer gasolina barata y depender menos de países como Rusia o Irán. Trump califica como “robo” las expropiaciones chavistas de empresas yankis como Exxon, que lo desarrollaron, y ahora pide “acceso total” para reconstruir Venezuela tras capturar a Maduro y bajar precios en EE.UU. En el último tiempo, EE.UU. se ha ocupado de bombardear territorios con grandes recursos naturales. ¿Es esto una coincidencia?

En este torbellino de incertidumbre, el vacío de poder en el régimen plantea interrogantes sobre su sucesión. Trump justificó la acción recordando: “Maduro no es el presidente de Venezuela y su régimen no es el gobierno legítimo. Maduro es el líder del cártel de los Soles”, como republicó su secretario de Estado, Marco Rubio. Una eventual mudanza democrática solo cobrará validez si transcurre en paz, con diálogo y consenso interno. Trump ha afirmado: “Estamos logrando la paz a través de la fuerza. Eso es lo que estamos haciendo”.

Sin embargo, en esta atmósfera de pluralidad de opiniones, hay que desentrañar el discurso de la “alegría” del pueblo venezolano. No se sienten protegidos por Estados Unidos ni por la figura de Trump, sino por un contento inevitable ante la caída del principal responsable del régimen: de alrededor de 36.800 víctimas de tortura y violencia estatal, 18.300 detenidos políticos, cerca de 500 asesinatos en protestas, casi 8 millones de desplazados, medios cerrados y censurados, 50% de pobreza y tres elecciones presidenciales no reconocidas ni nacional ni internacionalmente. La figura de Maduro estaba lejos de cualquier suspiro de autonomía . Su secuestro, si bien no es correcto, puede verse como un respiro y la posibilidad de otra realidad. Pero ¿qué tan cierto es esto? ¿Existe libertad para Venezuela si el país queda atravesado por operativos dudosos y ambiciones desmedidas? ¿Acaso esa es la “democracia” que les depara tras años de un gobierno injusto? ¿Hay libertad sin derecho y con tanta incertidumbre?