La universidad pública argentina representa para cientos de jóvenes, y no tan jóvenes la posibilidad de un futuro mejor. Hoy en día, esa expectativa de progreso está en riesgo. La educación atraviesa una de sus peores crisis desde el regreso de la democracia y enfrenta un ataque directo por parte del gobierno nacional. 

Argentina está inmersa en una crisis política, social y económica que se agudiza cada día. Sin lugar a dudas esto es producto de múltiples factores, fundamentalmente, de reiterados errores por parte de la dirigencia política en los últimos años. Esto llevó a que la población eligiera un cambio abrupto en búsqueda de dar vuelta la página. Pero, ¿es posible salir de la difícil situación en la que estamos como país si no invertimos en educación pública? 

Javier Milei eligió como enemigo al Estado. Todo lo público tiene para el presidente un carácter “criminal”. La educación pública no está exenta. Días atrás, justamente en el inicio de las clases, la calificó como un “mecanismo de lavado de cerebros”. A su vez, distintos funcionarios del gobierno no paran de caracterizar a las universidades como “cajas negras de la política” de manera infundada. 

Este relato, es acompañado por una decisión de ajuste brutal en materia económica. La eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), el congelamiento del presupuesto universitario y el no envío de las partidas específicas para obras, investigación, extensión, hospitales universitarios, entre otras, se suman al aumento de los costos de vida que impactan de manera directa sobre el bolsillo de estudiantes, docentes y no docentes. Actualmente las universidades reciben menos de un tercio de los gastos de funcionamiento que hace un año atrás. Esto representa para el mes de febrero un ajuste del 72% y crece mes a mes, al ritmo de la inflación. 

Mientras aumentan el transporte, los alquileres, las fotocopias y libros, la comida y los servicios, el gobierno nacional sostiene su postura inflexible. A este ritmo, no solo las universidades no contarán con fondos para poder pagar la luz en los próximos meses, sino que también quedarán pocos estudiantes con la posibilidad de sostenerse en el sistema universitario. 

Pero a Javier Milei parece no importarle. Hay una clara decisión política de ataque frontal a las universidades en particular, y a la educación pública en general. La situación de asfixia representa una condición necesaria para poder avanzar en su verdadero plan educativo: el arancelamiento mediante política de vouchers. Una estrategia que ya fracasó en el mundo, por demostrar, entre otras desventajas, profundizar las desigualdades. 

En el medio, las reformas educativas más necesarias siguen esperando. La escuela necesita una urgente inversión en infraestructura, capacitación docente y la profundización de los contenidos para garantizar comprender textos y hacer operaciones matemáticas. Las universidades avanzan con mucho esfuerzo en fortalecer el acceso, la permanencia y el egreso, en la promoción de carreras de menor duración, y en potenciar la ciencia y la tecnología. Pero todo esto es imposible, sin presupuesto. Es imposible sin la decisión política de cuidar, fortalecer y promover la educación pública, libre, gratuita y de excelencia. 

En los tiempos que corren, nuestra tarea, la de quienes transitamos y nos enamoramos de la educación pública en cualquier etapa de la vida, es indispensable. Debemos defender su valor público trascendental, su rol transformador. Solo a través de una educación pública de excelencia e inclusiva vamos a poder construir esa argentina libre y de iguales, que tanto anhelamos.