La Justicia procesó al empresario Marcelo Porcel en el marco de una causa por presunto abuso sexual y corrupción de menores que involucra a al menos diez adolescentes, compañeros de su hijo en el Colegio Palermo Chico, en la ciudad de Buenos Aires. La decisión judicial representa un avance clave en un expediente que se encuentra en etapa de investigación desde mediados de 2024.

Según consta en la causa, Porcel está imputado por delitos de abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por la cantidad de víctimas, corrupción de menores y otras figuras vinculadas a la explotación sexual de menores de edad.

El expediente se tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°50, a cargo del juez Carlos Manuel Bruniard, con intervención del fiscal Pablo Turano. La investigación comenzó el 5 de julio de 2024, a partir de las denuncias de familias de alumnos del colegio, que señalaron situaciones reiteradas de abuso ocurridas fuera del ámbito escolar.

De acuerdo con los testimonios reunidos, los hechos habrían tenido lugar en distintos espacios vinculados al acusado, como su domicilio en el barrio de Palermo, un departamento en la torre Le Parc de Puerto Madero y sus oficinas.

Las denuncias describen una modalidad en la que el empresario generaba un vínculo de cercanía con los adolescentes, organizaba encuentros y promovía situaciones que incluían consumo de alcohol, ofrecimientos de dinero y otras conductas que derivaban en presuntos abusos.

En ese contexto, los investigadores recolectaron diversas pruebas, entre ellas material obtenido de dispositivos electrónicos secuestrados durante allanamientos. Peritajes sobre el teléfono celular del imputado habrían revelado imágenes y mensajes considerados relevantes para la causa.

La causa se fue ampliando con el correr de los meses. Inicialmente impulsada por seis familias, el número de denunciantes creció hasta alcanzar al menos diez víctimas, todas ellas adolescentes de entre 13 y 14 años al momento de los hechos denunciados.

En paralelo, los jóvenes prestaron declaración mediante el sistema de Cámara Gesell, un procedimiento judicial diseñado para evitar la revictimización de menores. Además, se realizaron peritajes psicológicos para evaluar el impacto de los hechos denunciados.

Como medida preventiva, el juez dispuso una prohibición de contacto entre Porcel y las presuntas víctimas, sus familias y los ámbitos que frecuentan, incluyendo el colegio y el club donde varios de los adolescentes desarrollaban actividades deportivas.

Durante el proceso, el empresario fue indagado de manera virtual. En esa instancia, se negó a responder preguntas y sostuvo su inocencia, anticipando que presentaría un escrito con su defensa.

A pesar del procesamiento, Porcel permanece en libertad mientras continúa el avance de la causa. La resolución judicial implica que el magistrado consideró que existen elementos de prueba suficientes para sostener la acusación y continuar el proceso hacia una eventual elevación a juicio.

El caso generó un fuerte impacto en la comunidad educativa del Colegio Palermo Chico, que activó protocolos institucionales al tomar conocimiento de las denuncias, pese a que los hechos investigados no habrían ocurrido dentro del establecimiento.

Por su parte, la querella, que representa a las familias denunciantes, había solicitado medidas más severas, como la detención del acusado, en función de la gravedad de los hechos y la cantidad de víctimas involucradas.