El gobierno de la provincia de Entre Ríos presentó a ORI, la inteligencia artificial impulsada por el gobierno de Rogelio Frigerio para orientar sobre salud mental.
En una provincia que arrastra una de las tasas de suicidio más altas del país, la apuesta por una herramienta digital puede leerse como un gesto de modernización; pero es más bien un desligue total por parte del gobierno entre lo que es su discurso oficial y la  dimensión verdadera del problema. Entre Ríos no necesita atajos tecnológicos para amortiguar una emergencia: necesita más profesionales, más prevención territorial, políticas públicas eficientes para aquellas personas que atraviesan situaciones de todo tipo de vulnerabilidad en cuanto a su estabilidad mental y un acceso efectivo a la atención.
Los datos son alaridos claros y concisos. Según información difundida en 2025, Entre Ríos registró una tasa de 19,8 suicidios cada 100.000 habitantes, prácticamente el doble del promedio nacional, ubicado en 9,8. En algunos departamentos la situación es todavía más grave: lastimosamente es una tasa que crece año a año; en 2023 fue de 18,8, mientras que en 2024 fue de 19,8, una cifra que desnuda la profundidad del deterioro social y sanitario. No se trata de una estadística aislada, sino de una tendencia sostenida que exige respuestas: se estima que en enero de 2026 hubo en Entre Ríos 28 suicidios en 31 días, informaron voceros gubernamentales. Los datos policiales del último año muestran focos en municipios de distintos departamentos, entre los que se destaca la particular situación del partido de San José.
En ese contexto, la respuesta está lejos de ser la decisión del gobierno de Frigerio; presentar una IA como canal de orientación para familias, docentes y adolescentes puede resultar insuficiente e incluso riesgosa si no está acompañada por un sistema de contención real y preparado. Aunque el propio gobierno sostiene que ORI fue desarrollada y entrenada por psicólogos y trabajadores sociales, y que no reemplaza la atención profesional, esa aclaración, lejos de despejar dudas, refuerza el problema central: si no reemplaza la atención profesional, ¿qué capacidad concreta tiene para intervenir eficazmente en una situación de esta magnitud?
La indignación colectiva no es una cuestión menor. La salud mental no se resuelve con una interfaz amigable. Se trata de resolver desde equipos conformados por profesionales capacitados,  el seguimiento adecuado y políticas sostenidas en el tiempo. Cuando una provincia con los peores índices del país apuesta primero a una herramienta digital antes que a una expansión visible de recursos humanos y dispositivos de atención, el mensaje político es claro: se trata de administrar la crisis desde la lejanía, pero no se la enfrenta de raíz. Se abandona, pero se sostiene en una falsa anestesia.
El problema es político. La presentación de ORI parece apoyarse en una lógica de innovación que busca mostrar gestión, pero el desafío que enfrenta Entre Ríos es anterior y más profundo. La provincia carga con un cuadro de suicidios que preocupa a nivel nacional. Frente a semejante panorama, cualquier política real debería partir de una pregunta básica: ¿desde dónde debería posicionarse el Estado para llegar antes, acompañar mejor y evitar que el malestar y la vulnerabilidad desemboquen en tragedia? ¿Cómo puede el sistema no fallar desde el inicio para prevenir y acompañar adecuadamente?
La respuesta, por ahora, parece insuficiente. Podemos soñar que esta herramienta digital quizá puede ser un complemento útil, especialmente para orientar o facilitar información, pero esta creencia no puede estar más alejada de la realidad: una IA no debe, bajo ningún contexto, convertirse en la pieza central de una estrategia pública. Menos aún en una provincia donde la urgencia ya no admite experimentos ni slogans. Si el gobierno de Frigerio quiere dar una señal, debería explicar cuánto invierte —por ejemplo— en salud mental, cuántos profesionales suma, cómo articula con escuelas, municipios y centros de salud, y qué evaluación concreta hará de ORI más allá de su lanzamiento mediático.
En Entre Ríos, la crisis de salud mental no pide más marketing tecnológico. Pide Estado, presencia y respuesta. Y cuando los suicidios se cuentan por encima de la media nacional, toda medida que no llegue acompañada de recursos reales corre el riesgo de convertirse en un intento de respuesta “moderna” para una deuda vieja.